Madrid, 4 abr (.).- El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha considerado hoy que la reducción del déficit público del 3,07 al 2,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 es una meta "exigente", cuyo cumplimiento va a estar "muy ajustado" tal y como están diseñados los presupuestos.
En rueda de prensa para presentar la evaluación externa que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho de la AIReF, Escrivá ha hecho esta primera valoración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, aunque bajo la advertencia de que se tratan de "primeras impresiones" porque todavía los están estudiado en profundidad.
En concreto, ha dicho que bajar al 0,7 % en la Administración Central y al 1,1 % en la Seguridad Social va a ser bastante difícil.
A falta de estudiar en detalle el gasto, Escrivá ha avanzado que las proyecciones de ingresos son "realistas, razonables y globalmente plausibles", y se ha referido en concreto a las de la Seguridad Social, cuyos ingresos estimados cree que están en línea con lo que la AIReF puede anticipar, después de que el año pasado fueran sobrestimados.
No obstante, Escrivá ha criticado que a los PGE les falta mayor información y que adolecen de transparencia, lo que les obligará a pedir mayores aclaraciones al Ministerio de Hacienda.
Respecto al déficit de 2017 (3,07 % del PIB), ha dicho que está en línea con lo esperado y que lo fundamental es no salirse de la senda de estabilidad presupuestaria a medio plazo, dado que el elevado nivel de deuda pública hace que un déficit en el entorno del 2 % del PIB aún no permita generar un margen de actuación suficiente para períodos de "vacas flacas".
No obstante, ha subrayado que aunque hay que "apuntar" a niveles de deuda más bajos, él "no haría ningún juicio severo" sobre los aumentos de gasto que incorporan los presupuestos de este año, no sólo del Estado sino también de otras administraciones públicas.
En cualquier caso, ha querido dejar claro que la AIReF no juzga las decisiones de ingresos y gastos que responden a políticas redistributivas, ya que su función sólo pasa por ver que las cuentas cuadran y van en la senda correcta.
Ha añadido que las decisiones políticas sobre a dónde dirigir el gasto son competencia del Gobierno y el Parlamento, y que la AIReF no tiene legitimidad democrática para pronunciarse al respecto.
Preguntado por la posibilidad de que las cuentas no lleguen a superar el trámite parlamentario por falta de apoyos, Escrivá ha dicho que lo deseable desde un punto de vista de buen gobierno es que haya nuevos presupuestos, pero ha reconocido que de mantenerse prorrogados los de 2017 podría ser más fácil lograr los objetivos de déficit.
Aún así, ha insistido en que la ausencia de presupuestos no puede interpretarse como algo positivo.