Por Rodrigo De Miguel
MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo dio el viernes el primer paso formal para enjuiciar a decenas de políticos independentistas por los delitos de rebelión, malversación de caudales y desobediencia por su papel en la deriva que llevó a un referéndum y la declaración de independencia de Cataluña en octubre.
En un auto considerado el paso previo a la apertura de juicio, el juez Pablo Llarena decidió procesar por rebelión a Carles Puigdemont, el expresidente catalán que se encuentra exiliado para evitar a la justicia, y a otros 12 ex altos cargos de partidos y entidades secesionistas.
Entre los procesados por rebelión -el delito más grave de la causa con penas de hasta 30 años de cárcel- está el exportavoz del Govern Jordi Turull, cuya situación judicial podría dificultar aún más su candidatura a presidir la Generalitat tras el fracaso en la primera votación el jueves.
Turull conocerá el viernes las medidas cautelares que le impone el juez, que podrían incluir volver a la prisión preventiva en la que estuvo de octubre a diciembre.
Si finalmente queda libre, se llevará a cabo la segunda votación de la investidura el sábado, que de no prosperar activará un período de dos meses al término de los cuales si no se ha escogido a un presidente se convocarán de nuevo elecciones en la rica región, de la que el año pasado huyeron más de 3.000 empresas ante la inestabilidad política.
Otra procesada por rebelión es Marta Rovira, ex número dos del partido secesionista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que llegó a sonar en algún momento como posible "presidenciable" y que el mismo viernes anunció su salida del país, sumándose al exilio de Puigdemont, cuatro ex consejeros catalanes y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel.
La decisión de Rovira podría repercutir en la situación de otros procesados si el juez ve un incremento del riesgo de fuga, una de las variables que se tienen en cuenta para decretar la prisión provisional.
Entre los demás procesados por rebelión están el líder de ERC y vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, para quienes el juez mantuvo la prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva, así como otros cinco exconsellers y los líderes de las organizaciones secesionistas ANC y Omnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que también seguirán en prisión preventiva.
ESTRATEGIA LATENTE
Con 25 procesados en total, la cauda remonta su investigación a 2012, cuando el juez considera que comenzó el concierto entre partidos políticos secesionistas, posteriormente extendido a otras organizaciones, para elaborar la "hoja de ruta" que desembocó en una declaración de independencia en el Parlament el pasado 27 de octubre "al margen de la legalidad vigente".
La declaración desencadenó la activación inédita del artículo 155 de la Constitución, por el que a día de hoy el Gobierno español controla la región después de cesar en bloque al Ejecutivo autonómico secesionista tras años de pugnas ante el Tribunal Constitucional por la deriva independentista de los últimos años.
Pese al control regional del Gobierno central, el juez considera que las estrategia independentistas podrían seguir actualmente "latentes y pendientes de reanudación una vez se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".
Los partidos independentistas volvieron a sumar mayoría absoluta en las pasadas elecciones catalanas, aunque todavía no se ha logrado investir presidente en el Parlament.
El juez dijo que la cámara desoyó reiteradamente los dictámenes del Constitucional en los últimos años.
"El Parlamento (catalán), cuya acción se atuvo a la hoja de ruta previamente establecida, desobedeció al Tribunal Constitucional de manera tozuda e incansable durante dos legislaturas y cinco años", dijo el Tribunal Supremo en un comunicado citando el auto del magistrado.
El magistrado procesó por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament, así como a las políticas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel.
14 DEL EXGOVERN PROCESADOS POR MALVERSACIÓN
El juez también procesó a 14 exmiembros del Gobierno catalán secesionista por malversación de fondos públicos - añadido al de rebeldía en el caso de 9 de ellos - al considerar que destinaron fondos a apoyar o posibilitar el referéndum de independencia.
Las actuaciones de los exmiembros del Ejecutivo de cara a facilitar la votación "pueden entrañar una responsabilidad compartida en la desatención del interés al que estaban afectos los caudales públicos", según el auto.
El juez fijó una fianza conjunta de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros para los miembros del anterior Govern, considerando que 1,6 millones fueron empleados para sufragar el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre, anulado por el Tribunal Constitucional.