San Juan, 28 oct (EFE).- Puerto Rico ha emprendido una reforma tributaria para, en un momento de grave crisis económica como el actual, tratar de elevar y mejorar la recaudación, para lo que planea sustituir el criticado Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), que grava al consumo.
La exsecretaria de Hacienda y nueva presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, Melba Acosta, dijo hoy en una entrevista a Efe que la principal razón para acometer esta reforma es la deficiente recaudación que se deriva de la elevada economía sumergida que se registra en la isla caribeña.
"No se recauda lo suficiente", reconoció la presidenta del BGF, para quien la iniciativa, cuyas líneas generales se dieron a conocer este martes, ha tenido una buena acogida entre la opinión pública.
Con esta reforma, que podría entrar en vigor en abril de 2016, se busca orientar más la fiscalidad al consumo.
El IVA es un impuesto indirecto que se aplica al consumidor final y que no recauda Hacienda, sino que se hace a través del vendedor en el momento de cerrarse las transacciones comerciales.
Con el IVA, cada miembro de la cadena de valor paga al inmediatamente anterior una carga que se adhiere al precio del producto y lo recupera luego en su forma proporcional por el siguiente en el escalón de la cadena.
En el actual IVU, que rige en Puerto Rico desde hace cerca de una década, el impuesto sólo lo paga al final el consumidor al comerciante, que luego debe ingresarlo a Hacienda. También grava toda entrada de un artículo para su uso o consumo en la isla.
Acosta no adelantó de qué porcentaje sería el IVA puertorriqueño, aunque apuntó que en países de América Latina oscila entre el 15 % y el 18 % y explicó que se barajan medidas para compensar a las rentas más bajas.
Una opción es elevar la exención en la declaración de impuestos a las rentas inferiores a 35.000 dólares anuales, frente a los 20.000 actuales, lo que eximiría a más del 80 % de la población de presentar sus declaraciones.
Para mostrar la necesidad de implantar esta reforma, Acosta dijo que el 68 % de las empresas de Puerto Rico reportan ingresos anuales inferiores a 60.000 dólares, algo que catalogó de "sin sentido" y una muestra del elevado fraude que se quiere frenar con esta reforma.
El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda dijo a Efe que, en principio, las medidas dadas a conocer este martes parecen positivas, pero que habrá que esperar para conocer todos los detalles del plan para evaluar su efecto en una economía que acumula siete años de recesión y una deuda de más de 70.000 millones de dólares.