Túnez, 21 jun (.).- El Presidente tunecino Kais Said instó a la Comisión Nacional de Conciliación Penal a redoblar esfuerzos para recuperar el dinero expoliado con el fin de evitar recurrir a préstamos del extranjero mientras el Gobierno trata de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 1.900 millones de dólares.
"Estamos en una carrera contrarreloj. Los bienes saqueados son enormes, pueden ser devueltos y no necesitaremos ninguna parte extranjera", defendió el mandatario durante una visita a la sede de este órgano, uno de los grandes pilares de su proyecto político para recuperar el dinero público desfalcado a cambio de una amnistía a los responsables de delitos de corrupción.
Los beneficiarios de esta medida deben reembolsar la integridad de la suma de dinero en un máximo de tres meses además de un interés del 10% anual desde la fecha en la que cometió el delito- malversación de fondos públicos o propiedades del Estado, fraude fiscal, corrupción y lavado de dinero- para computar las penas de prisión por inversiones en proyectos de desarrollo en regiones desfavorecidas.
Según un vídeo difundido este martes por la noche por Presidencia, la comisión ha tramitado hasta el momento un total de 130 expedientes que han supuesto la recaudación de cinco millones de dinares (equivalente a 1,4 millones de euros).
El pasado diciembre los doce miembros de esta comisión tomaron el cargo por un mandato de seis meses con el objetivo de devolver a las arcas del Estado los 13.500 millones dinares (equivalente a 4.100 millones de euros) defraudados supuestamente por 460 empresarios, según una lista publicada en 2011 por la comisión nacional de investigación sobre casos de corrupción.
Apenas tres meses después, el jefe del Estado cesó por sorpresa al presidente de esta comisión sin explicar los motivos ni nombrar a su sustituto.
Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social"- se opone al crédito del FMI al considerarlo un "dictado del exterior" que podría provocar un estallido social y aboga por la condonación de la deuda externa, la subida de impuestos a los más ricos y recuperar el dinero público malversado.
La Comisión Europea anunció la pasada semana un paquete macrofinanciero para asegurar la estabilidad del país- cuya deuda pública rebasa el 90% del PIB- incluido un préstamo de 900 millones de euros y 150 millones en apoyo presupuestario así como una ayuda de 105 millones para asistencia en rescates de migrantes y retornos.
Sin embargo, este presupuesto está condicionado a la obtención del crédito del FMI, que pide al Ejecutivo poner en marcha de inmediato el programa pactado, con medidas impopulares como la retirada de subvenciones a productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas estatales o limitar la masa salarial de la Administración.
La UGTT, principal sindicato del país, y organizaciones por los derechos humanos califican esta ayuda de "chantaje" para que Túnez vigile las fronteras marítimas de Europa tras el repunte de llegadas desde principios de año. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 56.000 personas llegaron a la costa italiana, principalmente desde Túnez y Libia.