Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La petrolera anglo-holandesa Shell
acudió a la Justicia en contra de una medida del Gobierno argentino
por la que se le ordenó retrotraer los precios de los combustibles
al nivel del 31 de julio pasado.
La compañía dijo en un comunicado que presentó una medida
cautelar ante la Justicia para suspender la orden dictada el
miércoles pasado por la Secretaría de Comercio Interior, dependencia
ante la cual presentó además un recurso administrativo en contra de
la resolución oficial.
Según la empresa, la medida es ilegítima y "contraviene el
ordenamiento legal vigente en el sector".
Si bien la medida, basada en la Ley de Abastecimiento, que
permite regular los precios, ordena retrotraer los precios a todas
las comercializadoras, mayormente afecta a Shell debido a que es la
única petrolera que aplicó ajustes de sus tarifas en agosto.
Los otros afectados son estaciones de gasolina independientes de
las petroleras que también han aumentado sus precios en lo que va de
este mes.
Entre enero y julio pasado, los precios de los combustibles
registraron aumentos del 20 al 30 por ciento, por lo que la semana
pasada la Secretaría de Comercio anunció la aplicación de la
normativa que fue oficializada hoy para frenar las subidas.
Las gasolinas cuestan en Argentina entre 0,95 y 1,10 dólares por
litro, según los casos, con lo que este país es uno de los que
tienen los más bajos precios de los combustibles junto con
Venezuela, México y EE.UU., según fuentes del mercado local.
Shell aplicó sus últimos ajustes, que oscilaron entre el 0,2 y el
1,8 por ciento, el 2 de agosto, mientras que sus competidoras, YPF,
filial del grupo hispano argentino Repsol YPF, la estadounidense
Esso y la brasileña Petrobras, lo habían hecho en julio.
La Ley de Abastecimiento, promulgada en 1974 y actualizada por
decreto en 2002, establece sanciones a las empresas que no
suministren en forma normal la provisión de un producto e, incluso,
habilita penas de prisión para quienes vayan contra sus
disposiciones.
Shell mantiene una tensa relación con las autoridades argentinas
desde 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner llamó
públicamente a un boicot popular contra la petrolera, a la que acusó
de aumentar sus precios en forma injustificada. EFE