Madrid, 15 nov (.).- La plataforma Alquiler Seguro ha criticado la ley de vivienda española y la recientemente entrada en vigor en Portugal por su "carácter intervencionista", al incluir medidas como el control y actualización de las rentas o la distinción de diferentes tipos de zonas, según han explicado en un encuentro con la prensa.
Según sostiene el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, las administraciones de los dos países están siendo "incapaces" e "impotentes" llevando a cabo medidas que "resuelven la fiebre, pero no la enfermedad" cuando los problemas residen, según agrega, en la falta de vivienda y en un precario mercado laboral para los jóvenes, que no se pueden permitir una vivienda.
Las principales diferencias entre estas dos leyes, que desde Alquiler Seguro aseguran que intentan solucionar "problemáticas transversales", se encuentran en la actualización de las rentas, ya que en Portugal la ley establece que la renta inicial podrá seguir actualizándose conforme a los coeficientes aprobados por el Gobierno.
En el caso de España los propietarios pueden pactar con los inquilinos las subidas, pero para 2023 en ningún caso podrá superar el 2 %, en 2024 el 3 % y para 2025 se prevé crear un nuevo índice que determine cómo se actualizan las rentas.
Respecto al control de las rentas, la ley española diferencia entre dos tipos de propietarios, el pequeño y el gran tenedor y establece distintas zonas de mercado tensionado. En el caso del país luso, no se distingue entre zonas tensionadas ni propietarios, sino que se consideran rentas máximas por municipios.
La vivienda de protección oficial (VPO) es la única manera según Alquiler Seguro de estimular la oferta. Sin embargo, esta no ha visto incrementadas sus reservas en la ley portuguesa y en su lugar sí que se contemplan ayudas para la promoción de viviendas de alquiler asequible con la creación de distintas líneas de financiación, aunque en Portugal este tipo solo sea el 2 % del total.
En España sí que se han aumentado las reservas para las VPO en hasta un 40 %, pero no se han diseñado ayudas a la promoción de viviendas de alquiler asequibles, según el portal.
A la hora de otorgar incentivos fiscales es donde se encuentran más diferencias entre una ley y otra, con un espacio más grande dedicado a medidas como deducir de las rentas brutas todos los gastos efectivamente realizados y pagados para obtener o garantizar dichas rentas, o bonificaciones de hasta 10 puntos en función de la duración de los contratos de arrendamiento.
Estos incentivos no existen en territorio español, aunque sí que la ley contempla reducciones en rendimiento neto positivo en un 90 %, 70 %, 60 % o 50 % en función de si el nuevo contrato se realiza sobre una vivienda en una zona tensionada cuya renta se hubiera rebajado más de un 5 %.