Sevilla, 27 jul (.).- El Gobierno de Andalucía ha autorizado este jueves interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda por considerar que "invade competencias" autonómicas, una decisión que cuenta con el dictamen positivo del Consejo Consultivo y coincide con el de los servicios jurídicos de la Junta.
La decisión ha sido adoptada en la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta celebrado esta tarde y se basa en que la ley de vivienda "invade competencias" en materia de vivienda "exclusivas" recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco.
La Junta elevará un recurso al Tribunal Constitucional contra 16 artículos y cuatro disposiciones de la ley de vivienda, dado que entiende que el Estado "no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, tal y como se ha pronunciado de forma reiterada el TC, argumenta el Ejecutivo autonómico.
Propone la impugnación de toda la regulación recogida en la ley en torno al concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público.
Así, la Junta entiende que "se han sobrepasado los límites" desde el artículo 3, donde se recogen las definiciones de estos conceptos, como su posterior desarrollo en varios artículos así como en la Disposición Transitoria Primera.
"La regulación en estos artículos es tan completa y acabada que no deja resquicio alguno para la regulación al legislador autonómico, que es el competente en la materia", sostiene el portavoz del gobierno andaluz.
Como ejemplo señala que en la vivienda protegida recoge asuntos ya regulados por la administración autonómica como la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario.
También se recurren los artículos referidos a la regulación de los derechos y deberes de los propietarios de viviendas y su estatuto jurídico, que a la luz de la jurisprudencia "compete " a la comunidad autónoma, ha asegurado Fernández-Pacheco.
Además, la ley estatal incluye la regulación para declarar las zonas tensionadas, lo que supone, según la Junta, una "invasión directa" de las competencias exclusivas autonómicas en materia de vivienda y del derecho de propiedad.
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