Buenos Aires, 17 mar (.).- El Gobierno de Argentina ha decidido extender el plazo para que acreedores privados le informen sobre sus tenencias de títulos públicos argentinos con vistas a una inminente reestructuración.
A inicios de este mes, Argentina había dado plazo hasta el día 16 para que los acreedores notificaran sus tenencias, pero este martes el Ministerio de Economía informó de que podrán hacerlo hasta el próximo día 25.
Argentina ha designado a la firma estadounidense Morrow Sodali como agente de información para intervenir en el proceso y recopilar la información sobre las identidades de los acreedores y sus tenencias de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera.
"Es la intención de la República Argentina hacer uso de la información para contactar al mayor número posible de tenedores con el fin de entablar relaciones y conocer sus opiniones", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.
Las autoridades argentinas aseguraron este martes que en virtud del "alentador volumen" de respuestas recibidas hasta el momento y "con el fin de brindar la oportunidad para que todos los titulares participen en el proceso de Identificación de titulares de bonos", resolvieron extender el plazo para identificarse y comunicar las tenencias hasta el 25 de marzo.
Los acreedores deberán reportar los bonos que tenían en sus manos al pasado 4 de marzo.
Según el itinerario inicialmente anunciado, el Gobierno de Alberto Fernández planeaba lanzar una oferta a los acreedores la semana pasada, con vistas a cerrar hacia finales de este mes el plazo de adhesión a la propuesta.
Sin embargo, analistas financieros dan por descontado que sería difícil cumplir con ese itinerario vistas las severas turbulencias en los mercados mundiales por el pánico ante el avance del coronavirus, un pésimo clima inversor que ha golpeado con fuerza a los activos argentinos.
En particular, los títulos públicos argentinos han experimentado fuertes caídas, hasta cotizar a un 30 % de su valor, lo que los ha vuelto atractivos para los fondos especulativos, incrementando el riesgo de rechazo a una propuesta de reestructuración y de una embestida legal contra el Estado argentino por parte de los denominados "fondos buitres" en caso de un eventual cese de pagos si el canje finalmente fracasa.
El Gobierno argentino aspira a reestructurar bonos por un máximo de 68.842 millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera.
Según cifras de la Secretaría de Finanzas, a finales de diciembre pasado la deuda bruta de Argentina ascendía a 323.177 millones de dólares, el 44 % emitido bajo legislación extranjera.
La deuda en títulos públicos de mediano y largo plazo sumaba unos 194.000 millones de dólares, un 80 % en moneda extranjera, al tiempo que la concentración de vencimientos en el corto plazo genera alerta en el Gobierno, porque este año deberá afrontar compromisos de capital por 48.968 millones de dólares y de intereses por 14.838 millones.