Bruselas, 2 feb (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCE) advirtió este jueves de que el uso repetido de las políticas de cohesión como herramienta para hacer frente a las crisis puede tener un impacto en su principal objetivo estratégico, que es reducir las disparidades entre las regiones europeas.
El Tribunal de Cuentas analizó en un "informe especial" las normas y herramientas que la Unión Europea (UE) puso a disposición de los Estados miembros para darles mayor flexibilidad a la hora de usar los fondos de cohesión como respuesta a la crisis del Covid-19.
Los auditores concluyen que la reacción de la UE ayudó a los países del club comunitario a hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la pandemia, pero alerta de que el repetido uso de la política de cohesión para afrontar las crisis "puede afectar a su objetivo estratégico principal".
"Tenemos que evaluar muy cuidadosamente si la política de cohesión de la UE es el instrumento presupuestario adecuado para responder a las crisis", explicó la auditora del Tribunal que dirigió el informe Iliana Ivanova.
FONDOS DE COHESIÓN EN LA CRISIS DE COVID-19
Dos meses después del estallido de Covid-19 en Europa, la UE creó la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus, que introdujeron adaptaciones específicas de algunas normas de la política de cohesión para proporcionar liquidez, flexibilidad y simplificación administrativa.
Con ello, la Comisión Europea quiso facilitar el aprovechamiento de fondos no utilizados, lo que alivió la carga sobre los presupuestos públicos nacionales.
Además, adoptó la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), dotada de 50.400 millones de euros, como instrumento a corto y medio plazo para la recuperación de la crisis.
De estos fondos, la UE destinó más de la mitad, un 57 %, a España e Italia, con una asignación de más de 14.000 millones de euros a cada uno.
Sin embargo, los auditores señalan que REACT-UE proporcionó una "financiación puente" entre 2021 y 2023 que ha contribuido a "importantes demoras" en el inicio de los programas de la política de cohesión de 2021-2027.
También advierten de que este programa ha aumentado las dificultades a las que se enfrentan algunos Estados miembros a la hora de efectuar los gastos de los fondos de la UE y asegurar que las operaciones financiadas presentan una "buena rentabilidad".
Esta mayor flexibilidad en las políticas de cohesión permitió movilizar 35.000 millones de euros hasta finales de 2021 entre distintos ámbitos de inversión, principalmente hacia la asistencia sanitaria (80 %) y el apoyo a las empresas (16 %).
También se dirigieron 1.800 millones a regiones más desarrolladas y en transición, mientras que disminuyó la inversión destinada a tecnologías de la información, energía y medio ambiente, e inclusión, investigación e innovación.
Además, se espera que REACT-EU contribuya con el 25 % de su dotación financiera global a objetivos climáticos, "pero es poco probable que se cumpla esta expectativa", asegura el TCE.
POLÍTICA DE COHESIÓN .O HERRAMIENTA DE CRISIS
La política de cohesión es uno de los mayores ámbitos temáticos del presupuesto comunitario, que tuvo una asignación de 355.000 millones de euros para el período 2014-2020.
Su principal objetivo es reforzar la cohesión económica, social y territorial entre las distintas regiones de la UE.
Las nuevas normas para esta área presupuestaria del periodo 2021-2027 incorporan las medidas de flexibilidad que se introdujeron en la crisis de Covid-19, lo que hará más fácil el uso de los fondos de cohesión para responder a acontecimientos inesperados.
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas reitera la necesidad de estudiar formalmente el impacto a largo plazo que tiene el uso de estas políticas en situaciones de crisis.
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