Bruselas, 25 sep (.).- Las ayudas europeas al vino no mejoran de manera clara la competitividad de los viticultores de la Unión Europea ni contribuyen lo bastante a una producción más sostenible, según un informe de los auditores europeos publicado este lunes.
Para realizar el estudio, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (EU) llevó a cabo, entre mayo y diciembre de 2022, una auditoría en distintas regiones de España, Chequia, Grecia, Francia e Italia, países que concentran el 70 % de las subvenciones europeas a la reestructuración de los viñedos, que ascienden a unos 500 millones de euros al año.
Además, desde 2016 se ha permitido a los productores solicitar autorizaciones para plantar más vides con el fin de tener un crecimiento controlado y evitar el exceso de oferta.
Según concluye el informe, este marco de formulación de políticas "adolece de deficiencias en cuanto a diseño y ejecución, y no se ajusta a los objetivos medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC)".
Precisa que la Comisión Europea (CE) "no ha definido con claridad el modo en que la medida de reestructuración debe contribuir a la consecución de ese objetivo, ni ha recabado o analizado datos al respecto".
Tampoco los países han definido el modo en que fomentará la competitividad de los viticultores, ni han desarrollado una estrategia coherente.
Los auditores aseguran que los países visitados financiaron las solicitudes "independientemente de su contenido o ambición, y no utilizaron criterios para seleccionar proyectos que fomentaran la competitividad".
Algunos, además, "financiaron proyectos que no conllevan un cambio estructural, sino que aceleran la renovación normal de los viñedos".
Para cambiar la situación, los auditores recomiendan a Bruselas que aclare lo que implica la competitividad de los productores de vino de la UE para que se pueda evaluar la consecución del objetivo principal de la medida de reestructuración.
La Comisión Europea dijo este lunes en reacción al documento del Tribunal de Cuentas que las insuficiencias observadas se refieren "a la aplicación a nivel de los Estados miembros", durante el periodo 2014-2022.
"El nuevo marco legal de la PAC es muy diferente en términos de objetivos perseguidos (principalmente los ambientales) y las modalidades de aplicación", añadió la CE, que precisó que las medidas de apoyo al vino están ahora incluidas en los planes estratégicos de la Política Agrícola Común.
"A partir de 2023, los Estados miembros deben asegurar que al menos el 5 % del gasto destinado al sector del vino se gasta en intervenciones relativas a la protección ambiental", indicó la Comisión.
Sin embargo, los auditores creen que en la nueva PAC, la ambición medioambiental para el sector vitivinícola "sigue siendo limitada", y es que consideran que la cifra del 5 % dedicado al medioambiente es bastante baja.