Palma, 2 oct (.).- El Gobierno de Baleares ha aprobado este lunes el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, centrado en promover la salida al mercado de viviendas a precios limitados (VPL) por la administración para afrontar la crisis habitacional que sufre la comunidad.
El decreto, que se publicará este lunes en el BOIB, limita los precios de las viviendas ya construidas que oscilarán entre 102.000 y 241.000 euros para pisos con una superficie de entre 60 y 80 metros útiles. En el caso de obra nueva, entre unos 121.00 y unos 285.000 euros.
En el caso del alquiler, en viviendas de 60 y 80 metros cuadrados útiles, los precios se situarán entre 385 euros hasta un máximo de 905 euros. Y en las de obra nueva, los precios irán de entre los 455 y 1.070 euros.
Los nuevos inquilinos o propietarios que quieran acceder a una vivienda de VPL no podrán ser propietarios del 100 % de otro inmueble y la nueva casa deberá constituir su domicilio permanente.
El nuevo decreto contempla:
- Establecimientos turísticos. Se habilitará el cambio de uso a residencial de establecimientos turísticos obsoletos o parcelas de uso turístico.
- Crecimiento en altura. Permite aumentar las edificabilidades en altura en edificaciones existentes o parcelas con usos residenciales plurifamiliares permitidos.
- Reconversión. El decreto recoge el cambio de uso de locales comerciales (comerciales, administrativos, etc.), para reconvertirlos en viviendas.
- Creación de viviendas en terrenos de equipamiento público y privado. Aprovechar parcelas calificadas como equipamiento, y aún sin desarrollar, para hacer nueva vivienda de precio limitado en caso de equipamientos privados o vivienda protegida de alquiler en el caso de los públicos.
- Coalojamiento y covivienda. Introducción de la definición de alojamiento con espacios comunes complementarios. Es una nueva tipología de vivienda que da respuesta a nuevos modelos de convivencia.
- Edificaciones inacabadas. Crear viviendas protegidas en edificaciones inacabadas con licencia caducada, en estado ruinoso o en situación de inadecuación.
En lucha contra el alquiler turístico ilegal, el Govern introduce en el decreto una modificación de la Ley de Turismo para luchar contra la oferta ilegal que dota a la inspección técnica de la capacidad de clausurar temporalmente la vivienda.
El decreto incorpora un régimen sancionador por incumplimiento que recoge multas que oscilan entre 60 y 3.000 euros para las sanciones leves, las graves entre 3.001 euros a 30.000 y las muy graves van de los 30.001 a 90.000 euros.