Por Ana Mano
SAO PAULO, 3 oct (Reuters) - Los fiscales federales brasileños están investigando transacciones que implican al comerciante de granos Cargill y a un socio brasileño después de que encontraron "irregularidades" en la adquisición de tierra disputada donde la compañía de Estados Unidos planea construir un puerto fluvial masivo en la selva amazónica.
Un portavoz de la fiscalía federal del estado de Pará dijo que abrieron la investigación penal después de que dos fiscales redactaron un memorando en julio, al que tuvo acceso Reuters, en el que cuestionaban la legalidad de la transacción debido a sospechas de anomalías en el papeleo. El progreso de la investigación penal sigue siendo confidencial.
"La cadena de propiedad de las transferencias de tierras privadas, presentada por las empresas para justificar la legalidad de la compra y venta... mostraba signos de ser completamente precaria y carecer de los requisitos mínimos para ser considerada legal", escribieron los fiscales en el memorando, del que informó por primera vez el sitio web de noticias Sumauma el lunes.
Un portavoz de Cargill dijo que la investigación fue una "sorpresa", añadiendo que la empresa obtuvo el uso legal y la posesión de una parcela de tierra en Abaetetuba, estado de Pará, donde está evaluando la viabilidad de construir una terminal de exportación de granos.
La firma brasileña Brick Consultoria em Gestao Limitada, que transfirió el terreno a Cargill en una fecha no especificada según los fiscales, no respondió a las solicitudes de comentarios.
En 2017, Cargill anunció planes para invertir en un nuevo puerto de 178 millones de dólares en Abaetetuba, donde pretende mover eventualmente unos 9 millones de toneladas métricas de granos anualmente de barcazas a buques de carga para exportación.
Sin embargo, las familias de la zona donde Cargill planea construir el puerto afirman que la agencia federal de reforma agraria INCRA reservó parte de la tierra para ellos en 2005, calificándola como Área de Asentamiento Agroextractivista de Santo Afonso, según documentos judiciales.
Los fiscales afirman que el INCRA y la SPU deberían haber paralizado la venta y que sus funcionarios también deberían ser investigados por no haberlo hecho.
El INCRA y la SPU no respondieron a las peticiones de comentarios.
(1 dólar = 5,0658 reales)
(Reporte de Ana Mano; editado en español por Javier López de Lérida)