Madrid, 19 ene (.).- UGT Servicios Públicos y la federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO han destacado los avances en la negociación de la ley de función pública, cuyo anteproyecto el Gobierno aprobó a fines de 2022, si bien ambos sindicatos han exigido mejoras para llegar a un acuerdo en el marco del diálogo social.
En una rueda de prensa este jueves, ambas organizaciones han apuntado que esos avances conseguidos a partir del anteproyecto son todavía insuficientes, especialmente aquellos referidos a la evaluación de los empleados públicos, que consideran que debe funcionar como incentivo y no como un elemento que aliente el miedo a la sanción.
Los sindicatos han destacado que, hasta el momento, la negociación con la Dirección General de Función Pública ha supuesto 250 modificaciones en el texto hasta el momento, alcanzando a 88 de sus artículoS, un 63 % del articulado del anteproyecto de ley.
La secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, ha afirmado que es necesaria "una apuesta real y un esfuerzo mayor por parte del Gobierno que ponga en valor el compromiso social en la modernización de la Administración General del Estado (AGE)".
Fernández ha apuntado que la nueva ley de función pública es "uno de los proyectos más importantes", ya que "son los trabajadores de la AGE los que implementan las políticas sociales".
Por su parte, el secretario federal del Sector AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha señalado que la Administración "debe ser pionera en la fijación de una jornada máxima de 35 horas", y ha añadido que esto es algo que se puede implementar incluso antes de la aprobación de la ley.
Entre las mejoras, los sindicatos destacan la introducción de un título sobre los derechos y deberes del personal público, donde se recogen garantías como la inamovilidad en la condición de empleado público, y los avances en la carrera profesional e igualdad, entre otras materias.
Por contra, reclaman la inclusión de los derechos en la movilidad, el desarrollo del grupo profesional B o la garantía retributiva, así como la eliminación de la discrecionalidad en la adjudicación de puestos, la reconvocatoria de vacantes en las ofertas de empleo público y la supresión de la movilidad forzosa.
Sobre la remoción del puesto de trabajo como consecuencia de evaluaciones negativas, los sindicatos han indicado que se ha "eliminado parcialmente", pero exigen que esto se haga de manera completa, ya que lo consideran "una limitación de derechos".