Londres, 16 ene (.).- Cientos de personas protestaron este lunes frente a Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, Rishi Sunak, contra la ley que tramita el Gobierno para fijar servicios mínimos en las huelgas de sectores críticos como la sanidad y el transporte.
Tras meses de paros de empleados ferroviarios, enfermeros, personal de ambulancias y otros trabajadores, el ministro británico de Empresas, Grant Shapps defendió este lunes ante la Cámara de los Comunes (Baja) la necesidad de fijar "unos niveles mínimos de servicio y seguridad".
El secretario general de la federación de sindicatos TUC, Paul Nowak, afirmo por su parte ante los manifestantes reunidos en el centro de Londres que defenderá "el derecho a la huelga con uñas y dientes".
"No importa cómo lo intente disfrazar este Gobierno, lo que estamos haciendo es luchar para defender el derecho a la huelga", declaró Nowak en un discurso que pronunció junto a una pancarta con el lema: "El derecho a la huelga es un derecho civil".
"Tened claro lo que significa esta legislación. Significa que un trabajador puede votar en favor de una huelga, para participar en una huelga legal, pero pueden decirle que vaya a trabajar y, si no lo hace, despedirle", agregó.
La diputada de la oposición laborista Zara Sultana se dirigió también a los manifestantes para criticar una "ley antitrabajadores" que "amenaza las libertades civiles" de los británicos.
Al mismo tiempo, en el interior de la Cámara de los Comunes, a pocos cientos de metros de la manifestación, Shapps defendía la legislación.
Una vez aprobada, deberán desarrollarse regulaciones secundarias que establezcan el nivel de servicios mínimos "en función de los riesgos para la seguridad pública y el impacto en la vida diaria" de los eventuales paros en cada sector, unos baremos que serán "consultados" con los agentes sociales, argumentó el ministro.
"Por supuesto, el Gobierno puede decidir no utilizar los poderes que otorga esta ley, si se llega a acuerdos voluntarios adecuados entre las empresas y los sindicatos relevantes", agregó.
La laborista, Angela Rayner, criticó una legislación que ve "irracional", "insultante" y un "ataque vengativo contra las libertades básicas de los trabajadores británicos".
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