Madrid, 6 oct (.).- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y las aseguradoras españolas estudian la forma de incluir nuevas coberturas en la categoría de riesgos extraordinarios que indemniza el organismo, con el objetivo de adaptarse al escenario de catástrofes climáticas cada vez más frecuentes.
El Consorcio es una entidad público-privada que depende del ministerio de Asuntos Económicos a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y funciona como una especie de fondo de garantía asegurador para determinados siniestros que no cubren las aseguradoras, no sólo climáticos, sino también políticos o sociales.
Las propias compañías se encargan de alimentar las arcas del CCS a través de una cantidad o recargo que se cobra al asegurado, que ronda el 0,15 % de la prima que paguen, y que remiten al organismo para que pueda hacerse cargo de indemnizar los daños en caso de siniestro catastrófico.
Cuando se produce una catástrofe natural, como grandes tormentas, inundaciones, terremotos, o daños en cultivos agrícolas por lluvias o granizo, el Consorcio paga una cantidad a quienes tengan un seguro en vigor para ayudarles a cubrir las pérdidas sufridas en el siniestro.
En el caso de los seguros de automóviles, el organismo se ocupa también de la cobertura obligatoria de aquellos que no han sido aceptados por las aseguradoras y también cubre los daños ocasionados por vehículos desconocidos, sin seguro o robados, tal como establece la Ley.
Según la Memoria Social del Consorcio, en 2022 aseguró 573 vehículos "rechazados" por las compañías, frente a los 516 de 2021 y los 550 de 2020, al tiempo que desembolsó 44,3 millones de euros en indemnizaciones y provisiones frente a los 48,5 millones de 2021 y los más de 62 millones del año anterior.
También participa el CCS en el seguro agrario combinado (SAC) como coasegurador y como reasegurador obligatorio del sistema, y cubre los accidentes que sufra el personal que intervenga en las labores de extinción de incendios forestales, tanto los miembros de las BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de España), UME (Unidad Militar de Emergencias) o FFCCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), los bomberos o el personal civil.
El CCS asume, asimismo, la liquidación de las entidades aseguradoras que le encomienda el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o el órgano correspondiente de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias de supervisión y control.
Pero la incidencia cada vez más frecuente en España de fenómenos climáticos extremos como fue la borrasca de nieve "Filomena" en enero de 2021, plantea nuevos retos para el sector, que tuvo que hacer frente en su día a más de 230 millones de euros en indemnizaciones por los desperfectos sufridos por inmuebles, vehículos, comercios e industrias, según informó la patronal Unespa.
El seguro tuvo que realizar cerca de 198.000 actuaciones por la nevada, según las estimaciones elaboradas con la información remitida por 29 aseguradoras de multirriesgos (con una cuota conjunta de mercado del 82 %) y 15 de automóviles (70 % de cuota).
La nieve fue la principal causa de los desperfectos en propiedades, tanto si se mide en número de expedientes resueltos como en términos económicos, ya que estuvo detrás del 73 % de los siniestros y del 92 % de los importes desembolsados.
La lluvia acaparó otro 21 % de los percances y un 5 % de los pagos, mientras que el viento supuso el 6 % de los incidentes y el 2 % del coste.
Ante este panorama, desde el Consorcio reconocen que no parece posible que las aseguradoras se puedan hacer cargo de todas las catástrofes por clima y ciberseguridad, por lo que admiten que están "abiertos" a buscar soluciones, por ejemplo con la colaboración público-privada.
Recuerdan también que el entorno ha ido cambiando desde la creación del organismo, en 1954, y se han adaptado, incorporando nuevas coberturas, siempre en contacto con el sector, lo que harán de nuevo en esta ocasión, ampliando las ya cubiertas o "afinando" las relativas a la nieve.
De hecho, ambas partes ya han mantenido varios encuentros sobre este asunto, el último "recientemente", explican desde el sector, sin ofrecer más detalles.
En cualquier caso, el Consorcio podría asumir nuevos cargos con tranquilidad, ya que dispone de un fondo de reserva de unos 15.000 millones de euros, que ha ido construyendo con los ingresos anuales de entre 600 y 700 millones que proceden del recargo que pagan las aseguradoras, y que le permite estar preparado para actuar con la máxima rapidez.