Madrid, 11 may (.).- Los grupos parlamentarios han acordado que las reclamaciones ante la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se hagan preferentemente a través de un escrito presentado mediante medios electrónicos, pero quieren que se asegure la existencia de personal específico que proporcione ayuda.
De esta forma, si es necesario, el reclamante podrá contactar, al menos, a través de líneas telefónicas gratuitas atendidas de manera personal, según se recoge en una de las enmiendas transaccionales aprobadas este jueves por la Comisión de Economía del Congreso.
La Autoridad informará en su página web de forma "sencilla, accesible y adaptada" a todo tipo de usuarios sobre la posibilidad de reclamar, pero además deberá poner a disposición del reclamante que lo solicite medios de apoyo y prestarle la asistencia personalizada que pudiera requerir.
Asimismo, podrán establecerse acuerdos o convenios con entidades de las administraciones autonómicas, como los institutos de consumo, para facilitar la presentación en lugares próximos distribuidos territorialmente en todo el país.
Otra de las novedades pactadas por los grupos, antes de que el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se debata y vote en el pleno de la próxima semana, es que cuando se aprecie mala fe en la interposición de una reclamación, se podrá aplicar una multa al cliente desde 50 hasta 250 euros.
En caso de reincidencia, la enmienda transaccional contempla que la multa se eleve a 500 euros; a 700 euros si se produce por tercera vez y a 1.000 euros a partir de la cuarta.
Por otro lado, se considerarán clientes potenciales de la Autoridad los solicitantes de cuentas de pago básica, un producto creado principalmente para ayudar a los colectivos más excluidos en términos financieros o que se encuentran en situación irregular.