Roma, 6 jun (.).- El Gobierno italiano logró hoy el primer "sí" del Parlamento a un polémico decreto que, entre otras cosas, limita el control judicial a la inversión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, pese a las críticas de la oposición de centro e izquierda y sus intentos de obstruir su tramitación parlamentaria.
El Ejecutivo de Giorgia Meloni ha blindado el texto sometiéndolo hoy en la Cámara de los Diputados a una votación de confianza, una estrategia que se emplea para acelerar la aprobación de leyes pues evita las enmiendas y el debate previo.
Así, el decreto recibió 203 votos favorables, de la coalición gubernamental entre los ultraderechistas Hermanos de Italia de Meloni y la Liga de Matteo Salvini, y la Forza Italia de Silvio Berlusconi, mientras la oposición se quedaba en 134 votos en contra.
El decreto pasará ahora al Senado para su aprobación definitiva pero antes la Cámara de los Diputados tendrá que someter a una votación final todo el paquete legislativo y estudiar casi 150 cuestiones formuladas hoy por la oposición en un intento de frenar su tramitación, dado que tiene como límite el 21 de junio.
La portavoz del Partido Demócrata (PD, socialdemócrata), Simona Bonafé, reprochó al Ejecutivo que "ha usado este decreto como un caballo de Troya para limitar" la acción de los magistrados.
Se refería a que el llamado "Decreto de Administración Pública" conlleva una enmienda que en la práctica limita los controles judiciales a la inversión de los fondos europeos del Plan de Recuperación tras la pandemia, dotado con 191,5 millones de euros, para evitar nuevos retrasos en su puesta en marcha.
En concreto, y entre otras cuestiones, el texto prorroga hasta el 30 de junio de 2024 el llamado "escudo de tesorería", que limita desde 2020 la responsabilidad legal de los administradores locales a la hora de realizar inversiones públicas.
Esta medida, aprobada por el Gobierno de Giuseppe Conte y revalidada por su sucesor, Mario Draghi, hace que los funcionarios solo puedan ser procesados por dolo en caso de que tengan que poner en marcha eventuales planes urgentes o estratégicos.
La enmienda ha sido criticada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Guido Carlino, que recordó varias sentencias con las que en el pasado la Corte siempre "expresó su absoluta contrariedad" por la prórroga del escudo de responsabilidad administrativa.