Bruselas, 23 ene (.).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este martes mantener abierta una petición sobre la protección de los trabajadoras domésticas indocumentadas y la presunta violación de la legislación europea en Bélgica, donde una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de cinco euros la hora.
La denuncia, sobre la que también se pedirá opinión a otras dos comisiones europarlamentarias, fue presentada por la responsable de la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC) para Migrantes, Trabajadores y Lucha Contra el Racismo, Eva María Jiménez Lamas, en nombre de la Liga de Trabajadoras del Hogar de CSC, para defender los derechos de las trabajadoras domésticas que “son víctimas de abuso” y no cuentan con el estatuto de residentes.
“Muchas de ellas trabajan todos los días de la semana, el 26,5 % cobra menos de cinco euros la hora, el 68 % no se puede tomar un día libre si se encuentra mal, el 85 % no puede optar a un día de vacaciones y el 71 % no cuenta con equipos adecuados de salud y seguridad”, aseguró Jiménez Lamas ante los eurodiputados.
Jiménez denunció las circunstancias de trabajo de las empleadas y afirmó que Bélgica no está aplicando de manera adecuada la ley europea, entre ellas, la directiva de permiso único, la directiva de sanciones a los empleadores y la directiva de derechos de las víctimas, así como la adhesión al Convenio de Estambul.
A su juicio, las trabajadoras “carecen de protección” cuando denuncian a los empleadores que abusan de ellas “y no se les considera siquiera víctimas”.
“Estas mujeres cuidan a nuestros padres, abuelos, niños y enfermos. Incluso, durante la pandemia, estuvieron trabajando sin tener acceso a un seguro, a una baja por enfermedad o vacaciones. Tenemos que destacar la importancia de un trabajo clave en nuestras capitales”, afirmó Jiménez Lamas.
Además, el sindicato exigió una adaptación de la ley para “incluir a las trabajadoras no documentadas”, al considerar la alta demanda de trabajadores del sector de los cuidados en la capital belga.
“Hay 25.000 solicitantes de asilo a día de hoy en Bélgica y el 79 % están en edad laboral, pero eso no va a ser suficiente para cubrir las 214.000 vacantes del sector de los cuidados y la construcción”, señaló.
Por su parte, la Comisión Europea reconoció que, según su última evaluación de la directiva de derechos de las víctimas en 2022, “sigue habiendo situaciones en las que no todas las víctimas pueden confiar en que se respetaran sus derechos”.
La Comisión aseguró que, a fin de “afrontar esas carencias”, comenzó en 2023 una propuesta de revisión de esta directiva cuyas negociaciones siguen en marcha a día de hoy.
“Se puede leer entre líneas que la Comisión opina que la legislación no se está trasponiendo de la forma más oportuna. Poco importa cómo se lidia con el problema, las consecuencias afectan a las personas de esta sala”, afirmó el eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo Peter Jahr.
Del mismo modo, la eurodiputada socialista Cristina Maestre señaló que “las directivas no están funcionando”, y añadió que “lo que funciona tiene que ver con la sanción” a fin de acabar con una situación que definió como “una forma de esclavitud”.
“Es importante señalar que esta petición es de compañeras belgas, pero es una situación común en toda Europa (…). Lo único que reciben estas mujeres es impunidad, o peor, la detención y la expulsión de Europa”, finalizó por parte de La Izquierda Miguel Urbán.
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