Madrid, 9 may (.).- FACUA-Consumidores en Acción ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha ocultado una multa impuesta a Vodafone (LON:VOD) por un fraude masivo denunciado por dicha organización, en el que la empresa dio de alta unilateralmente a sus clientes un servicio de antivirus.
En diciembre de 2020, Facua denunció a la multinacional por "activar el servicio antivirus SecureNet en los dispositivos móviles de sus clientes sin su consentimiento previo y expreso, facturándole un extra en su tarifa", explica la organización en un comunicado.
Sin embargo, la web de Vodafone señalaba que dicho antivirus se activaba de forma automática y que estaba incluido en la tarifa contratada, añade Facua.
Aunque la infracción fue tipificada de "muy grave", pudiendo acarrear multas de hasta 601.000 euros, finalmente la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid redujo la sanción a 32.000 euros y archivó el expediente.
Tras solicitar Facua que se le "informara del importe de la sanción, así como del contenido de la propia resolución", la Dirección General contestó que este caso "no suponía un riesgo o daños efectivos para la salud, seguridad o intereses económicos de los consumidores", por lo que no había obligación de hacerlo público.
A continuación, Facua presentó queja ante el Consejo de Transparencia y Participación madrileño, que ha finalmente ha obligado a la dirección de Comercio y Consumo a informar de la sanción.
Así, esta Dirección general ha comunicado que multó a Vodafone "con solo 32.000 euros por la comisión de una infracción muy grave de la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, al imponer a los consumidores el servicio SecureNet pese a no haber sido expresamente solicitado por ellos".
Además, se le sanciona por "no garantizar que el uso del Servicio o de la aplicación Secure Net esté libre de errores, que sea ininterrumpido, que esté disponible en todo momento o que proteja contra todas las amenazas posibles u otros fallos", y por reservarse el derecho a "realizar cambios unilaterales en los términos y condiciones, así como a interrumpir y suspender el servicio a su discreción".
Al respecto, la Consejería de Economía ha dicho a EFE que la sanción "se impuso en base a la normativa vigente en ese momento para las infracciones muy graves. Asimismo, no existe obligación de la Administración autonómica de publicar las sanciones que se interponen en materia de consumo".