Lima, 1 nov (.).- La Fiscalía peruana aseguró este martes que "siempre ha respetado de manera escrupulosa todos los acuerdos" en el caso Odebrecht, después de que el Ministerio Público brasileño determinara la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica tras una petición de la compañía.
"El Ministerio Público siempre ha respetado de manera escrupulosa todos los acuerdos, sostuvo Rafael Vela, coordinador del Equipo Lava Jato, respecto a la suspensión temporal de la colaboración jurídica de la empresa Odebrecht", escribió en Twitter (NYSE:TWTR) la Fiscalía peruana.
El Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú en relación al caso Odebrecht tras una petición de la compañía, según un documento al que tuvo acceso EFE este martes.
La decisión se tomó como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la "no utilización de pruebas producidas en Brasil" contra la empresa en aquella jurisdicción.
El organismo brasileño determinó la "suspensión, por ahora, de la cooperación jurídica" con Perú hasta que sean presentados nuevos esclarecimientos por parte de las autoridades peruanas ante la "gravedad y verosimilitud de las informaciones" alegadas por la compañía, según un documento de la Fiscalía con fecha de 31 de octubre.
De acuerdo con el Ministerio Público, las alegaciones están "guarnecidas" de pruebas que comprueban el supuesto incumplimiento del acuerdo de colaboración firmado entre Odebrecht y Perú, así como la violación de "derechos y garantías fundamentales de los signatarios" de estos acuerdos, entre otros aspectos.
Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato de Perú, "recién ha tomado conocimiento de esta situación atípica", agregó la Fiscalía peruana.
También aseguró que se ha "adoptado sin haberse escuchado al Equipo Lava Jato y, por tanto, "se brindará una respuesta formal conforme al documento notificado".
En una entrevista con el diario Perú21, el fiscal destacó que está "tranquilo" al haber respetado dichos acuerdos.
"Esta suspensión temporal es para nosotros un hecho que debemos mirar con preocupación pero también con la tranquilidad de que siempre hemos respetado escrupulosamente todos los acuerdos", dijo Vela Barba.
La Fiscalía de Perú, que no respondió hasta el momento a una petición de EFE para hacer comentarios al respecto, indicó que el equipo especial sigue teniendo conocimiento del documento, que tiene que traducir del portugués al español, pero adelantó que les parece una situación "injusta".
"Nos llama la atención que se haya decidido sin haber sido escuchados previamente, cuando, por lo general, las decisiones se tienen que tomar habiendo escuchado ambas partes. Es una injusticia, nosotros pensamos, recién se nos piden explicaciones una vez que ya se han tomado decisiones aparentemente", señaló Vela Barba.
Reconoció que el anuncio les ha parecido sorpresivo, y que tienen "que evaluar las circunstancias de una presunta mala fe procesal".
Explicó que tienen conocimiento de las obligaciones de la sentencia del caso, pero afirmó que también tienen que hacer prevalecer la legislación peruana.
La suspensión del acuerdo implicaría el aplazamiento de los interrogatorios de varios exempleados de Odebrecht programados para noviembre como testigos en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala.
Humala es procesado, junto a su esposa, Nadine Heredia, por el presunto financiamiento irregular del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011, y enfrenta un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos.
Humala es el primer expresidente peruano que va a juicio oral por el escándalo de Lava Jato, aunque, de igual forma, han sido denunciados por lavado de activos Alejandro Toledo (2001-2006), el fallecido Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2006-2008), así como Keiko Fujimori, quien se ha postulado tres veces a la presidencia de Perú.
Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Perú en 2018, un proceso por el que la empresa reconoció los casos de corrupción y se dispuso a reparar al Estado por los daños civiles ocasionados por los sobornos ofrecidos durante años para la obtención de obras.