París, 19 ene (.).- Francia está promoviendo una reforma del mercado eléctrico europeo para permitir que los países que utilicen en mayor proporción energías con menos emisiones de dióxido de carbono (CO2), como las renovables y la nuclear, puedan aplicar precios más baratos a los consumidores.
La propuesta la explicó este miércoles en una entrevista en la emisora Sud Radio la ministra francesa de la Transición Ecológica, Barbara Pompili, quien precisamente el jueves y el viernes preside una reunión informal con sus colegas europeos en Amiens (noroeste de Francia) dentro de la presidencia francesa de la UE.
Pompili señaló que en un momento de crisis como el actual, con los precios disparados, el mercado europeo "no está totalmente adaptado".
Por eso indicó que está trabajando con otros ministros para "reformar esta parte del mercado" y que se pueda tener en cuenta lo que se conoce como el "mix" energético, es decir, la aportación de las diferentes energías en la generación de electricidad.
En concreto, se trataría de que los precios que pagan los consumidores puedan ser más bajos allí donde es más importante la producción eléctrica con sistemas que apenas generan CO2, como las renovables o la nuclear.
"Cuando se hacen esfuerzos, se puede tener una electricidad más barata", justificó la ministra.
Francia, apoyada por otros países como España, intenta romper la resistencia de la Comisión Europea y de algunos de sus socios e introducir cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico porque estima que el sistema actual de fijación de precios no refleja suficientemente la acción de los países contra el cambio climático.
En la reunión de Amiens, Pompili quiere hacer avanzar la idea de "instalar una soberanía europea" para "dejar de ser dependientes del gas ruso" o de las importaciones de petróleo, y que al final sería también por sus consecuencias medioambientales "una forma de soberanía ecológica".
También manifestó su intención de dar más pasos en la iniciativa de crear un impuesto de carbono en las fronteras de la UE, de forma que las importaciones tengan que pagar una tasa para compensar el sobrecoste por las reglas medioambientales que se imponen a los fabricantes, a los agricultores o a los ganaderos de los países miembros.
Su línea argumental es que "la potencia del mercado europeo" con sus 450 millones de consumidores permitirá "imponerse frente a otros países".
Eso se haría con las llamadas "cláusulas espejo" por las que se exigiría a los productores del exterior de la UE que cumplieran las mismas normas que son imperativas en el mercado único europeo, por ejemplo sobre la prohibición de ciertos pesticidas o la limitación de las dosis utilizadas.