París, 16 may (.).- El Gobierno francés quiere cambiar las reglas para las primas que otorga para la compra de vehículos eléctricos para condicionarlas a un balance medioambiental que incluya toda su vida, de la construcción al reciclaje, lo que las limitará en la práctica a los fabricados en Europa.
"La integridad de la prima se reservará a los vehículos fabricados en Europa", subrayó este martes el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, al explicar en conferencia de prensa un proyecto de ley bautizado 'Industria Verde'.
El comprador de un vehículo eléctrico nuevo en Francia ahora puede recibir una ayuda de hasta 5.000 a 7.000 euros, que se otorga teniendo en cuenta únicamente que no emita gases de efecto invernadero durante su utilización.
Pero según el departamento de Economía y Finanzas, los vehículos chinos tienen un impacto de carbono alrededor de un 45 % superior al de los fabricados en Europa con las mismas características.
Por eso el nuevo dispositivo, que debería entrar en vigor antes de finales de este año, prevé tener en cuenta las emisiones generadas durante la fabricación y la utilización, incluyendo por ejemplo el uso de materiales reciclados para disminuir el impacto medioambiental.
Se ha estimado que esa medida permitirá disminuir la huella de carbono de Francia en unas 800.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año de media en el periodo 2024-2027.
Junto a los objetivos puramente medioambientales, el proyecto de ley de 'Industria Verde' pretende contribuir a invertir la tendencia por la que el sector industrial ha reducido a la mitad su peso en el producto interior bruto (PIB) de Francia en una treintena de años (del 20 % al 10 %) para remontar hasta el 15 %.
Frente a los 2,5 millones de empleos industriales que se han perdido en el último medio siglo, el Gobierno espera de aquí a 2030 crear 40.000 puestos de trabajo directos y generar unos 23.000 millones de euros de inversiones en cinco sectores muy concretos: la energía eólica, la fotovoltaica, las baterías, las bombas de calor y el hidrógeno verde.
Para favorecer esa evolución, el Ejecutivo va a liberar 2.000 hectáreas de suelo para levantar instalaciones industriales en 50 ubicaciones por el país, y se ha comprometido a reducir los plazos para implantar una fábrica de 17 meses a 8.
En el caso de proyectos considerados de interés nacional, el Estado podrá autorizar por decreto para actuar "en unas semanas".
Los cinco sectores prioritarios tendrán una partida de 500 millones de euros anuales de exenciones anuales, que se financiarán con la reducción de ventajas que ahora benefician a las energías fósiles.
Habrá además un paquete de 2.300 millones de euros de préstamos directos condicionados a metas climáticas por parte de las empresas implicadas.