Lima, 4 nov (.).- El Gobierno de Perú rechazó este viernes "tajantemente" la aprobación por insistencia del Congreso de un proyecto de ley que, según aseguró, exonera a las empresas mineras declaradas en quiebra de cumplir con las certificaciones ambientales.
El Ministerio del Ambiente (Minam) señaló en un comunicado que el proyecto de ley 412 establece medidas especiales para las empresas en reestructuración patrimonial en el marco de la Ley General del Sistema Concursal.
"Rechazamos tajantemente el texto aprobado, toda vez que permite a las empresas mineras en situación económica precaria o quiebra contar con un argumento legal que afectará la salud de la población y que no garantiza el cuidado del ambiente", enfatizó el Minam.
Alertó que esta norma "incentivará a que cualquier empresa de ese rubro pueda modificar o incorporar componentes sin certificación ambiental en sus operaciones o planes de cierre de minas" y que incluso "podrán operar sin garantías financieras que aseguren un adecuado cierre de minas".
"Desde el Minam y el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) declaramos esa propuesta normativa como inviable", remarcó la nota oficial.
Añadió que "más aún, desde el Poder Ejecutivo se plantearon observaciones al texto aprobado", pero la Junta de Portavoces del Congreso "exoneró del dictamen de insistencia a fin de que la citada iniciativa legislativa sea sometida a votación en el pleno".
En ese sentido, el Ejecutivo peruano hizo un llamado al Congreso "para evaluar esta norma aprobada, que pone en riesgo el bienestar de la población, así como al ambiente y los recursos naturales, ya que no garantiza el cumplimiento de normas ambientales que aseguren un tratamiento adecuado de pasivos ambientales".
El proyecto de ley 412, que establece medidas especiales para empresas en reestructuración patrimonial, a fin de fortalecer la gestión ambiental en áreas impactadas pasivos ambientales mineros, fue presentado por el congresista César Revilla, del partido fujimorista Fuerza Popular (FP).
Tras su aprobación por el pleno, la ley fue devuelta con observaciones por el Poder Ejecutivo, aunque posteriormente la junta de portavoces decidió exonerarla de los dictámenes de las comisiones de Economía y de Energía y someterla a una nueva votación que concluyó en su aprobación por insistencia.
Este jueves, el pleno rechazó un pedido de la congresista izquierdista Sigrid Bazán para que se reconsidere la votación que aprobó el proyecto de ley.
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