Madrid, 11 feb (.).- El Gobierno ha rebajado al 1,6 % el crecimiento económico previsto para 2020, lo que le ha llevado también a flexibilizar la reducción del déficit público al 1,8 % del PIB para no dañar la economía ni el empleo y para poder elevar el gasto este año un 3,8 %, hasta 127.609 millones de euros.
El límite de gasto no financiero es el punto de partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 que el Gobierno aún no sabe cuándo presentará, pero que quiere tener definitivamente aprobados antes de que acabe el verano, según ha reiterado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
Como paso previo a la elaboración del presupuesto se ha revisado el cuadro macroeconómico y la senda de estabilidad presupuestaria para ajustarlos a la realidad del país, que no es la misma que cuando se envió a Bruselas el pasado octubre el último proyecto presupuestario.
En este tiempo se ha consolidado la desaceleración de la economía y del empleo por un entorno exterior más incierto y por la madurez del ciclo económico.
No obstante, la vicepresidenta tercera y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha querido poner el acento en que el crecimiento es más equilibrado que en anteriores fases expansivas y en que se mantiene un diferencial positivo respecto a la zona del euro.
El avance del 1,6 % del PIB en 2020 se sustentará en la recuperación del consumo interno, que crecerá el 1,5 %, impulsado por la mejora de los salarios y el dinamismo del mercado laboral, aunque la creación de empleo se frenará casi un punto, con un incremento del 1,4 % en empleos equivalentes a tiempo completo, lo que ayudará a bajar la tasa de paro al 13,6 %.
La demanda interna (consumo e inversión) aportará 1,5 puntos del crecimiento previsto para este año, mientras que la demanda externa contribuirá con 0,1 puntos, por el mejor comportamiento de las exportaciones, para las que se prevé un avance del 2,7 %.
Para 2021 el Gobierno calcula que tocará fondo la desaceleración con un crecimiento económico del 1,5 %, que subirá al 1,6 % en 2022 y al 1,7 % en 2023.
El Ejecutivo también ha fijado el objetivo de déficit público para este año en el 1,8 % del PIB, lo que supone una flexibilización de 1,3 puntos respecto al 0,5 % todavía vigente (aprobado por el PP en 2017) y una décima más respecto a la desviación al 1,7 % que el Ejecutivo comunicó el año pasado a Bruselas.
Además, ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria para el resto de la Legislatura (2021-2023), que se tendrá que someter a la convalidación del Congreso y del Senado, con unas metas de déficit público del 1,5 % del producto interior bruto (PIB) en 2021, del 1,2 % en 2022 y del 0,9 % en 2023.
La senda contempla, asimismo, más holgura en los objetivos de reducción de la deuda pública, que bajará al 93,4 % del PIB en 2021, al 91,7 % en 2022 y al 89,8 % en 2023, cuando en anteriores previsiones gubernamentales comunicadas a Bruselas se preveía bajar del 89 % en 2022.
La ministra de Hacienda ha defendido que son unos objetivos realistas y razonables "que no venden humo", cumplen con las exigencias europeas y permitirán elaborar unos Presupuestos que "pivotarán sobre el reforzamiento del Estado de bienestar, la apuesta por una transición ecológica justa, la reducción de las desigualdades y la defensa de los intereses de la clase media y trabajadora".
Montero ha negado que una senda fiscal más desahogada incumpla con el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria que emana de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ha entrado plenamente en vigor en 2020.
Ha asegurado que la Abogacía del Estado así lo corrobora y que no hay lugar para plantear un recurso de inconstitucionalidad por parte de la oposición.
Junto con los objetivos de estabilidad, se ha modificado al alza la regla de gasto, con una tasa de referencia del 2,9 % para 2020, del 3 % para 2021, del 3,2 % para 2022 y del 3,3 % para 2023.