Santa Cruz de Tenerife, 15 nov (.).- La Audiencia Nacional ha rechazado “de plano” paralizar el proceso judicial abierto contra los directivos de la empresa de criptomonedas Arbistar, cuya sede central se situaba en Arona (Tenerife), a los que se les atribuye los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal, penados con hasta 18 años de prisión.
La Sala sostiene que el negocio se basaba en “un entramado fraudulento”, dado que proporcionaba un software que debía renovarse cada año y que realmente nunca existió.
“Por lo tanto, el comportamiento de los procesados resultó engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los inversores fue desde el inicio meramente captatoria”, indica el auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE.
En él se apunta que Arbistar prometía “un entorno de inversión perfecto con un sistema que nunca fallaba, lo que obviamente era una falacia” porque jamás llegó a funcionar, tal y como se refleja en el informe elaborado por el Departamento de Cibercrimen la Policía Nacional.
En ese informe se concluye que ha sido imposible determinar sus características técnicas y funcionamiento, ni quienes tenían acceso al mismo y las herramientas para administrarlo.
El pasado 6 de junio, la Audiencia acordó declarar procesados y ordenó la prisión provisional y sin fianza por esta causa a siete directivos de Arbistar, entre ellos Santiago Fuentes “en su calidad de liderazgo”, auto contra el que se presentó un recurso de reforma que fue desestimado el 5 de julio.
A continuación se interpuso otro de apelación volviendo a pedir la nulidad del proceso judicial por ir en contra de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), al que se opuso la Fiscalía.
A finales del pasado mes de septiembre se celebró la correspondiente vista, de la cual derivó este último auto que también rechaza el recurso de los acusados.
Los últimos cálculos apuntan que podrían estar perjudicadas 32.000 personas que habrían perdido cerca de 92 millones entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, que fue cuando se denunció la presunta trama considerada una de las mayores estafas en cuanto a activos digitales.
El auto que se pedía anular contiene una “adecuada y suficiente” descripción fáctica de los indicios de criminalidad existentes en cuanto atribuye a los procesados “una participación capital en los hechos objetos de investigación con relevancia penal” y recoge de “forma detallada la operativa de este negocio”.
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