El Gobierno de EE.UU. está realizando un importante esfuerzo para reforzar la cadena de suministro de vehículos eléctricos (VE) del país con una serie de inversiones que suman miles de millones de dólares. En el centro de esta estrategia, la Casa Blanca anunció el lunes un compromiso de 275 millones de dólares destinado a mejorar los programas energéticos y la fabricación de baterías para VE. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para cumplir un ambicioso objetivo: para 2030, Washington pretende que la mitad de los coches de EE.UU. sean eléctricos o híbridos enchufables, una medida destinada a reducir la contaminación y la dependencia del país de los combustibles fósiles.
A pesar de estos esfuerzos, existe un gran escepticismo sobre la demanda de VE por parte de los consumidores. Los expertos han señalado que, incluso con un crédito fiscal de 7.500 dólares para los compradores, sigue habiendo un exceso de más de 114.000 VE sin vender en todo el país. La Fundación de Políticas Públicas de Texas ha expresado su preocupación por las implicaciones financieras para los contribuyentes, estimando el coste en unos 50.000 dólares por vehículo eléctrico vendido si se tienen en cuenta las subvenciones públicas, que al parecer ascienden a 22.000 millones de dólares anuales.
Fabricantes de automóviles como Ford (NYSE:F) han informado de pérdidas significativas que oscilan entre 30.000 y 60.000 dólares por cada vehículo eléctrico vendido. Estas pérdidas ponen de manifiesto los retos a los que se enfrenta la sostenibilidad económica del mercado de los vehículos eléctricos y plantean interrogantes sobre el futuro desarrollo de las infraestructuras necesarias, como las estaciones de recarga. Si los fabricantes de automóviles se ven obligados a reducir la producción debido a las presiones financieras, podría tener un efecto dominó en todo el ecosistema de los vehículos eléctricos.
El compromiso de la Casa Blanca, que incluye el mantenimiento del crédito fiscal de 7.500 dólares para el comprador, refleja la determinación de apoyar la transición hacia los vehículos eléctricos. Sin embargo, los planes de la Administración se enfrentan a un análisis crítico sobre el equilibrio entre el fomento de la innovación y el crecimiento en el sector de los vehículos eléctricos y el impacto económico en los consumidores y los contribuyentes.
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