Bruselas, 18 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó hoy que analizará los nuevos recortes anunciados por el Gobierno de Portugal "en profundidad" en los próximos días y pidió su rápida implementación, al tiempo que exigió "consenso político" para ello.
"Hemos sido consultados por Portugal (sobre las nuevas medidas) y es por lo que la misión de la troika -la CE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- abandonó Lisboa esta mañana", señaló el portavoz comunitario Olivier Bailly en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.
Los expertos de la misión técnica de la troika visitaron Lisboa del 15 al 18 de abril y hoy publicaron un breve comunicado en el que indicaron que discutieron con el Gobierno luso las medidas que compensan los recortes anulados recientemente por el Tribunal Constitucional a fin de cumplir los objetivos de déficit acordados y revisaron el progreso hecho en el apartado de gastos públicos.
"Las conversaciones continuarán con vista de garantizar una pronta finalización de la séptima revisión" del programa de rescate del país, señalaron los técnicos de la tríada.
Portugal anunció hoy recortes en "todos" los servicios públicos por 800 millones de euros y otros ahorros por 500 millones más para cumplir su meta de déficit y la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varias medidas de austeridad.
Bailly aclaró que se trata de un comunicado de los técnicos de la tríada, de manera que no se puede hacer "ningún respaldo o comentario" sobre las medidas, y recalcó que ahora "las analizaremos en más profundidad durante los próximos días".
En cualquier caso, dijo, "confiamos en que las autoridades portuguesas puedan implementarlas cuanto antes".
En cuanto a la falta de respaldo por parte de la oposición al Gobierno luso a las nuevas medidas, Bailly recordó que se ha "dejado claro a diferentes niveles de esta institución que para nosotros el consenso político sigue siendo un importante requisito para la ejecución de las reformas".
Además de los recortes directos de gasto en servicios públicos, el Ejecutivo espera compensar los 1.300 millones que supone el fallo del Constitucional con ahorros derivados de la "reprogramación" de fondos europeos y proyectos de inversión de sociedades de capital público y privado, que liberarán 500 millones en los presupuestos.
Por la "complejidad" de los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de sus objetivos de déficit (5,5 % en 2013), el Ejecutivo luso explicó que debe anticipar a este año algunas de las medidas que formarán parte de la reforma estructural del Estado aún en discusión.
Esta reforma, pedida por la troika debe ser completada al cien por cien en 2015, pero ha sido rechazada de plano por la oposición con el argumento de que supondría el fin del Estado del bienestar.
También se incluyen en los recortes por 800 millones una reducción salarial no detallada para el conjunto del sector público, con cerca de 600.000 funcionarios y ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como modificar los regímenes de cotización a la Seguridad Social. EFE