París, 20 mar (.).- Carmen Salcedo, la única experta española del Comité Europeo de Derechos Sociales, es también la más crítica con la calificación de la situación en España, con dos opiniones disidentes en las que se desmarca del dictamen de sus compañeros para señalar incumplimientos adicionales de la Carta Social Europea.
En el informe anual de este órgano de expertos del Consejo de Europa publicado este miércoles, sólo Salcedo firma las dos opiniones disidentes que hay en las 73 páginas dedicadas al examen de España.
Se da la circunstancia de que el representante de España en el Consejo de Europa pidió el pasado mes de noviembre la recusación de esta profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, que fue elegida a finales de 2022 como uno de los miembros del comité, en el que tiene mandato hasta finales de 2028.
De acuerdo con las filtraciones a la prensa que hubo hace una semana, España reclamaba que fuera revocada amparándose en un artículo que había escrito en el que afirmaba que la normativa laboral sobre el despido en España no se ajusta a la Carta Social Europea.
Una cuestión que aborda el comité en su informe de hoy, y sobre la que concluye que las reglas de indemnización por despido improcedente incumplen ese tratado que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales en la medida en que establece unos topes a la compensación que los jueces no pueden superar.
Las dos opiniones disidentes del informe sobre España, en las que Salcedo ha querido señalar sus diferencias con la evaluación de los otros 14 expertos de ese órgano, se refieren a la insuficiencia de las ayudas a las familias y al derecho de los niños y los jóvenes a recibir una protección social, legal y económica.
Sobre la primera, el comité considera que España impone un periodo de residencia excesivo para los inmigrantes para poder acceder a las ayudas familiares, los pagos por hijo no ofrecen un ingreso significativo y las ayudas familiares no cubren un número significativo de familias.
La experta española va más lejos ya que considera que España también incumple la Carta Social Europea porque las prestaciones a las familias para ser efectivas tendrían que ser superiores, y pone dos ejemplos que le parecen suficientemente ilustrativos.
El primero son los 46,50 euros que da la Seguridad Social en caso de muerte, cuando el costo medio de un funeral en España es de unos 3.800 euros.
El segundo son las pensiones de viudedad, que considera "muy bajas", con 790,70 euros al mes en 2020, durante el periodo de referencia del informe, para las personas con responsabilidades familiares.
Respecto a los derechos de los niños y los jóvenes a una protección social, legal y económica, en su dictamen el Comité Europeo de Derechos Sociales concluye que España sí se ajusta a la Carta Social Europea.
Salcedo, sin embargo, cree que sus compañeros no han tenido en cuenta "dos circunstancias muy importantes" en su evaluación, empezando por la situación de los niños y adolescentes con discapacidades en relación con los problemas para acceder a una educación incluyente y la consiguiente discriminación.
También por los seguros escolares, que ofrecen una indemnizaciones a su parecer "completamente inadecuadas" si se les compara con los costes de la formación, y que le llevan a insistir en que "España ha fracasado en establecer un marco legal que garantice el derecho de los niños y de los jóvenes a la educación".