Bruselas, 24 nov (.).- La Fiscalía Europea (EPPO, en inglés) ha desmantelado una organización delictiva con vínculos en Latinoamérica por haber cometido un supuesto fraude de IVA por importe de 25 millones de euros, informó este viernes esa institución.
A solicitud de la Fiscalía Europea en Madrid, el pasado día 21 se llevó a cabo una operación en la que se produjeron 13 registros en tres ciudades españolas (Guadalajara, Madrid y Cádiz) y 24 detenciones, indicó la fiscalía en un comunicado.
Las autoridades se incautaron de documentos, dispositivos electrónicos, equipos informáticos, objetos de lujo y vehículos, así como unos 135.000 euros en efectivo.
Además, se bloquearon cuentas bancarias y bienes inmuebles en España, Bélgica, Lituania y Rumanía, y se enviaron a distintos países latinoamericanos solicitudes para practicar otras medidas de investigación complementarias.
En particular, se acusa a los sospechosos de tres delitos cometidos en el seno de una organización delictiva, así como un delito de blanqueo de capitales y de falsificación documental.
Según la EPPO, entre 2021 y 2023 los sospechosos habrían creado una estructura delictiva utilizando un entramado societario en España y en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica con el propósito de canalizar adquisiciones realizadas dentro de la Unión Europea hasta una empresa, que operaría como centro de distribución.
Este esquema "aprovechaba las normas europeas aplicables a transacciones intracomunitarias, que están exentas de IVA, a través de una cadena de operadores que desaparecerían sin cumplir con sus obligaciones tributarias".
Posteriormente, otras empresas integrantes en la cadena solicitarían reembolsos indebidos de IVA de las autoridades fiscales nacionales.
Al no haber soportado ese impuesto en las fases de comercialización, las mercancías se distribuían a un precio muy inferior al de mercado, lo que posicionó a la empresa en una situación privilegiada, le permitió aumentar sus ventas y a la vez dejar fuera de mercado a otros competidores.
El entramado societario constituido, formalmente administrado a través de testaferros, canalizaba importantes sumas de dinero para la adquisición de bienes inmuebles.
Según la Fiscalía europea, los investigados hacían uso de "estructuras y medidas de seguridad propias de la delincuencia organizada", incluyendo el empleo de aplicaciones de comunicación informática para dificultar su detección por la policía.
La Fiscalía Europea es independiente de la Unión Europea. Tiene competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la UE.