Bruselas, 16 nov (.).- Las instituciones de la UE lograron este jueves un acuerdo provisional sobre una iniciativa legislativa que busca mejorar la protección de consumidores y empresas frente a abusos y manipulaciones en los mercados mayoristas de la energía.
El reglamento, conocido por las siglas Remit, forma parte de la reforma amplia del mercado eléctrico comunitario, que busca impulsar contratos a más largo plazo y reducir el peso de los combustibles fósiles en el sistema y que sigue en fase de negociación entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
"El reglamento Remit mejorará la protección de los consumidores y empresas contra manipulaciones del mercado y reforzará el marco para abordar y evitar abusos de mercado", destacó en un comunicado la vicepresidenta en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en nombre de la presidencia española del Consejo de la UE, que negoció el proyecto en representación del resto de países.
La normativa ahora debe ser refrentada tanto en la Eurocámara como por el conjunto de los Estados miembros antes de que pueda entrar en vigor.
Una vez sea publicado en el Diario oficial de la UE, todos los actores del mercado que procedan de terceros países deberán nombrar un representante en cada Estado miembro de la UE en el que tengan actividad dentro del mercado mayorista de la energía.
Estos representantes tendrán que tener las competencias y medios suficientes para garantizar un cumplimiento "efectivo y oportuno" por parte de las firmas a las que representan de los distintos requerimientos que reciban por parte de las autoridades nacionales relevantes o de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
Esta agencia de la UE, además, ve ampliadas sus competencias y tendrá la capacidad de imponer sanciones periódicas a fin de garantizar el cumplimiento de sus peticiones de información y facilitar las inspecciones sobre el terreno en las instalaciones de los distintos actores del mercados.
Sin embargo, el poder para imponer multas por infracciones o violaciones de las obligaciones incluidas en el reglamento seguirá en manos de las autoridades nacionales de los Estados miembros.
ACER, por contra, sí que podrá investigar posibles casos de manipulación o abuso cuando afecten al menos a dos países distintos, aunque las autoridades nacionales podrán objetarlo en un plazo de tres meses si ya han abierto formalmente o ha iniciado una investigación sobre los mismos hechos.
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