Madrid, 13 feb (.).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, que tendría que haber entrado en vigor el año pasado, pero cuya tramitación decayó por el adelanto electoral.
Así, el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible puede reiniciar su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que entre en vigor antes de finalizar el año, de acuerdo con el nuevo compromiso que el Gobierno ha contraído con Bruselas.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se vuelve a empezar el proceso tomando como punto de partida el texto que ya se tramitó en el Parlamento el año pasado.
La razón fundamental son los plazos comprometidos con Bruselas de que el texto entre en vigor antes del próximo 31 de diciembre y, por tanto, es "un hito" que España debe cumplir y que, además, va vinculado a la recepción de fondos de recuperación, transformación y resilencia, ha agregado.
"Tenemos que hacer deberes porque no solo depende de ello que en España tengamos una ley de movilidad en vigor, que era tremendamente necesaria, sino también porque de ello dependen nuestros compromisos con la UE que tienen unas consecuencias económicas", ha apuntado.
Por eso, se le aplicará a esta ley el trámite de urgencia en el Parlamento, a fin de "ser capaces de cumplir con los plazos", ha avanzado.
Puente ha defendido la importancia de reactivar una iniciativa legislativa tan necesaria para lograr una movilidad sana, sostenible y segura que permitirá disponer de las herramientas para continuar el proceso de descarbonización y digitalización del sistema de transportes, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.
Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios para dar respuesta a los retos que han surgido en los últimos meses en un sector tan dinámico como el del transporte.
Puente espera que esta ley "pueda suscitar un alto grado de consenso", recordando que ya en su tramitación el año pasado se atisbaba la posibilidad de un gran acuerdo y que hubiera muchas fuerzas políticas que se sumaran a su aprobación y, por tanto, "seguir transitando esa senda de diálogo, de la incorporación de las propuestas, para que finalmente cuente con el mayor respaldo posible", ha señalado.
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
Así, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.
Digitalizar y compartir datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones.