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Madrid, 11 may (.).- Los bancos que reciban un mayor número de reclamaciones en la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, si además resultan en su contra, serán quienes paguen el grueso de los gastos de funcionamiento de este nuevo organismo, según han acordado este jueves los grupos parlamentarios.
La ideal inicial del Gobierno de que las propias entidades sean las que financien el funcionamiento de la autoridad se mantiene viva, pero desaparece la tasa fija de 250 euros por reclamación que planteó el Ejecutivo y fue criticada por los grupos y el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Frente a esta fórmula, ahora la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha llegado a un acuerdo para establecer un pago en relación al volumen de quejas presentadas contra una entidad al final de un ejercicio, con una penalización cuantas más reclamaciones sean favorables al cliente.
A falta de que el texto reciba la próxima semana el visto bueno del Pleno del Congreso, el 40 % de los gastos de la autoridad financiera se repartirían entre las entidades en función de las reclamaciones presentadas por sus clientes y ya resueltas.
El 60 % de los gastos restantes correspondería abonarlo igualmente a las entidades en proporción al volumen de reclamaciones perdidas.
De esta forma, explican fuentes parlamentarias a EFE, se estaría incentivando que las entidades ofrezcan una solución a sus clientes antes de que presenten una reclamación ante la nueva autoridad.
FACILITAR EL TRÁMITE DE RECLAMACIÓN
Los grupos parlamentarios han acordado además que las reclamaciones ante la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se hagan preferentemente a través de un escrito presentado mediante medios electrónicos, pero quieren que se asegure la existencia de personal específico que proporcione ayuda.
De esta forma, si es necesario, el reclamante podrá contactar, al menos, a través de líneas telefónicas gratuitas atendidas de manera personal, según se recoge en una de las enmiendas transaccionales aprobadas este jueves por la Comisión de Economía del Congreso.
La autoridad informará en su página web de forma "sencilla, accesible y adaptada" a todo tipo de usuarios sobre la posibilidad de reclamar, pero además deberá poner a disposición del reclamante que lo solicite medios de apoyo y prestarle la asistencia personalizada que pudiera requerir.
Asimismo, podrán establecerse acuerdos o convenios con entidades de las administraciones autonómicas, como los institutos de consumo, para facilitar la presentación en lugares próximos distribuidos territorialmente en todo el país.
Otra de las novedades pactadas por los grupos, antes de que el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se debata y vote en el pleno de la próxima semana, es que cuando se aprecie mala fe en la interposición de una reclamación, se podrá aplicar una multa al cliente desde 50 hasta 250 euros.
En caso de reincidencia, la enmienda transaccional contempla que la multa se eleve a 500 euros; a 700 euros si se produce por tercera vez y a 1.000 euros a partir de la cuarta.
Por otro lado, se considerarán clientes potenciales de la autoridad los solicitantes de cuentas de pago básica, un producto creado principalmente para ayudar a los colectivos más excluidos en términos financieros o que se encuentran en situación irregular.