Luxemburgo, 9 oct (.).- Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) instaron este lunes a sus propios Estados miembros a aprovechar "plenamente" el potencial de la economía social, que antepone los fines sociales o medioambientales a los beneficios.
En concreto, los Veintisiete alcanzaron hoy en la reunión que celebran en Luxemburgo un acuerdo político sobre la recomendación para el desarrollo de condiciones marco para la economía social que la Comisión Europea (CE) presentó en 2021.
En la recomendación, la primera que los países han adoptado sobre la materia, se aconseja a los Estados miembros que implanten medidas tendentes a reconocer y respaldar el papel de la economía social a la hora de "facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente para los grupos vulnerables o infrarrepresentados" y de "fomentar la inclusión social ofreciendo servicios sociales y asistenciales accesibles y de alta calidad".
También a la hora de "estimular el desarrollo de capacidades, en particular aquellas que sean necesarias para las transiciones digital y ecológica" y de "promover la innovación social y un desarrollo económico sostenible".
El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, resaltó en un comunicado que las entidades de la economía social "aspiran a lograr objetivos sociales y medioambientales, en lugar de simplemente a obtener beneficios", lo que dificulta su acceso a la financiación, frente a otras empresas.
Por ello, se animó a los Estados miembros a que faciliten el acceso de dichas entidades a la financiación pública y privada, también haciendo el mejor uso posible de los fondos de la Unión Europea.
Según la recomendación, la mejora del acceso a los mercados y a la contratación pública, el uso eficiente de las normas sobre ayudas estatales y un marco fiscal favorable "resultan igualmente cruciales para el desarrollo de la economía social".
Al haberse alcanzado este lunes un acuerdo político, ahora la recomendación se adoptará formalmente en una próxima sesión del Consejo de la Unión Europea.
Una vez adoptada la propuesta, los Estados miembros dispondrán de dos años para adoptar o actualizar sus estrategias nacionales en materia de economía social.
Las entidades de la economía social pueden constituirse, entre otras formas, como cooperativas, asociaciones y fundaciones.
"La economía social contribuye al mercado laboral y a la inclusión social, fomenta el desarrollo de capacidades y también promueve un desarrollo socioeconómico e industrial justos y sostenibles, mejorando la cohesión social y territorial en todos los Estados miembros. Para reforzar la economía social, resulta fundamental disponer de un marco propicio", recalcó el Consejo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones española, Yolanda Díaz, cuyo país ocupa la presidencia del Consejo de la UE, resaltó en el comunicado que las entidades de la economía social "se ocupan de varios de los mayores retos que afronta nuestra sociedad, en particular en materia de integración laboral y social, así como de cohesión social".
"Sin embargo, aún podemos hacer mucho por que la economía social siga desarrollándose, tanto en nuestros Estados miembros como en toda la UE. Debemos aprovechar el gran potencial que nos brinda para mejorar nuestra respuesta ante los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y velar por que nadie se quede atrás", añadió.
El Consejo incidió en que la economía social, que da trabajo a 13,6 millones de personas en Europa, "procura empleos inclusivos y de calidad, promueve la cohesión social y territorial, impulsa la innovación social y potencia la doble transición ecológica y digital".
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