Madrid, 16 feb (.).- Los operadores de telecomunicaciones tendrán un máximo de cinco días para subsanar, asumiendo el coste de la actuación, las interferencias que se originen entre las estaciones base de 5G situadas en la banda de 700 Megahercios (MHz) y la recepción de la televisión digital terrestre (TDT).
Según la orden publicada este miércoles por el Boletín Oficial del Estado (BOE), el plazo de actuación contará desde la recepción de la comunicación por parte de los usuarios y regirá siempre que se facilite el acceso a la instalación.
De estas afectaciones, al menos el 90 % deberán ser resueltas en un máximo de tres días, aunque los operadores podrán solicitar audiencia con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para ampliar los plazos en función de la cantidad de afecciones recibidas o las características de estas.
La orden afecta a Telefónica (MC:TEF), Orange (PA:ORAN) y Vodafone (LON:VOD), las tres compañías con licencia de banda de 700 MHz, la más cercana a la de los servicios de televisión, que se sitúa en la banda adyacente, entre los 470 a los 694 MHz.
Esta norma tiene como fin solucionar las situaciones de afección por el alineamiento entre las estaciones base de la red móvil de la banda de 700 MHz y los centros de emisión de la TDT que se han producido en algunas pruebas.
La orden establece que los operadores deberán evaluar las zonas en las que se puedan producir estas interferencias antes de poner en funcionamiento las bases y resolver las posibles afecciones.
Para ello, tanto el Gobierno como las empresas de recepción de televisión facilitarán datos de los emplazamientos.
A este sentido, los ciudadanos tendrán un plazo de seis meses desde la puesta en servicio de la base para hacer reclamaciones, periodo tras el cual el operador no estará obligado a resolverlas.
El Ejecutivo se reserva el derecho a ordenar el cese de la emisión de la estación base en caso de no adoptarse estas medidas, cuando las actuaciones o modificaciones de las condiciones técnicas no consigan eliminar las afecciones y el número de afectados sea relevante o cuando no se cumplan las resoluciones dictadas por la Secretaría de Estado.
Junto con estas actuaciones, la orden obliga a los operadores a crear un centro de usuario conjunto para informar a los ciudadanos sobre los posibles problemas, que contará con atención telefónica gratuita y correo electrónico.
Además, las operadoras tendrán que llevar a cabo actuaciones para informar y divulgar en los ayuntamientos, con la creación de una oficina técnica, y asumirán todos los costes de las actuaciones.
Tras la publicación de la orden, los operadores tendrán un mes para entregar a la Secretaría de Estado su proyecto con las actuaciones para el cumplimiento de esta.
La orden llega después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicara su informe sobre el proyecto, en el que proponía que se desarrollaran comunicaciones a través de la televisión y que se redujera el plazo de resolución por las incidencias, consideraciones que finalmente no se han tenido en cuenta.
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