Madrid, 11 nov (.).- El Ministerio para la Transición Ecológica no tiene "la más mínima intención" de prorrogar los plazos para que proyectos renovables consigan los permisos administrativos necesarios para lograr los de acceso y capacidad de evacuación a la red, ha indicado este viernes su titular, Teresa Ribera.
Ribera, en una rueda de prensa en que ha hecho balance del primer mes de vigencia del Plan +Seguridad Energética, ha recordado que en noviembre del año pasado ya se prorrogaron los plazos con un "mensaje claro" a las comunidades autónomas de que debían resolver en plazo esos trámites administrativos.
La consecución de esos permisos son hitos necesarios que deben cumplir los promotores de proyectos en un tiempo para no perder los derechos de acceso y conexión a la red.
Para Ribera, que ha señalado que los solicitantes tienen derecho a una resolución motivada, ha afirmado que es importante dar salida a las decisiones que tienen que tomar las administraciones en plazo.
Además, ha recordado que la dilación en el otorgamiento de permisos tiene bloqueada capacidad de acceso a la red "y eso no beneficia a nadie".
También ha dicho que de cara a los inversores sería difícil explicar por qué no se resuelven los proyectos en plazo, algo que ha dicho deben hacer las administraciones autonómicas, que pueden tener que reforzar sus equipos para dar salida a sus procedimientos, como ha hecho el Ministerio con los suyos.
Lo que no cabe, según la ministra, es "esa especie de trampa" de suspender el plazo de nuevo.
Por otro lado, preguntada si puede haber un aplazamiento de la obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes de implantar zonas de bajas emisiones antes de 2023, también lo ha descartado pues "tiempo ha habido para acometer los cambios que resulten necesarios".
Ha recordado que esta obligación es conocida desde mayo de 2021, en que se aprobó la Ley de Cambio Climático; que se ha trabajado con los representes de los ayuntamientos y de la Federación Española de Municipios (FEMP), y que la mayor parte de las ciudades cuentan con zonas peatonales y han integrado este tipo de medidas.
No obstante, ha dicho que al Ministerio le consta que hay ayuntamientos que están trabajando en ello y quizás no puedan completar la tramitación antes del 1 de enero, "pero seguirán después".
También ha descartado sanciones por parte del Ministerio a los municipios que incumplan, porque entre administraciones no pueden sancionarse, aunque haya fondos que puedan verse afectados.
Ha añadido que desde el Ministerio se hará todo lo posible para seguir impulsando las zonas de bajas emisiones, pero no buscando la sanción, sino que las medidas se apliquen cuanto antes.