La Haya, 13 oct (.).- La Fiscalía neerlandesa ha impuesto multas de entre 5.000 y 100.000 euros a cuatro empresas por violar sanciones económicas europeas al “vender deliberadamente piezas y prestar asistencia técnica” para construir el controvertido puente entre Rusia y Crimea durante el periodo de 2014 a 2017.
Según anunció este viernes el Ministerio Público neerlandés, se ha llevado a cabo una investigación en los últimos años sobre varias empresas de construcción e ingeniería con base en Países Bajos por su participación en la construcción del puente de Crimea, un vínculo denunciado públicamente en septiembre de 2017 por un medio local.
La investigación ha demostrado que estas empresas y particulares neerlandeses “han desarrollado y suministrado productos para la construcción del puente de Crimea” y, además, en el marco de estas entregas “se proporcionó asistencia técnica tanto en Países Bajos como 'in situ'”.
Como se asume que las compañías “estén familiarizadas con las normas aplicables en los países y regiones donde realizan sus actividades comerciales”, subraya la fiscalía, estás empresas y los particulares investigados han sido acusadas de “vender deliberadamente piezas y prestar asistencia técnica para la construcción del puente de Crimea”.
“Las acciones de estas empresas han socavado el propósito y la eficacia de las sanciones internacionales. El Puente de Crimea se construyó en parte gracias al uso de conocimientos y experiencia neerlandesas”, agregó.
El caso no ha llegado a los tribunales porque las causas penales “han sido resueltas extrajudicialmente”, señala la fiscalía. Ocho personas realizarán servicios comunitarios que oscilarán entre 20 y 60 horas, mientras que las compañías han pagado diferentes multas que suman un total de 160.000 euros al Estado neerlandés.
Además, la fiscalía subraya que “al violar las sanciones, una empresa se ha beneficiado del suministro de bienes y servicios prohibidos”, por lo que la prestación “obtenida ilegalmente por importe de 71.330 euros ha sido retirada”.
Aún quedan casos pendientes en la fiscalía contra tres empresas y varios individuos por delitos similares.
En 2014, la Unión Europea (UE) anunció varias sanciones tras la anexión de Crimea y Sebastopol, lo que prohíbe desde entonces la venta de bienes y la prestación de servicios técnicos y asistencia a personas y empresas en Crimea o para su uso en esa península.