Túnez, 24 may (.).- Nueve responsables de la compañía nacional de fosfatos (CPG) en Túnez, uno de los grandes motores económicos del país, comparecieron este miércoles ante un juez de instrucción por un supuesto caso de corrupción y malversación de dinero público, declaró la dirección de investigación de la Guardia Nacional.
Entre los investigados, actualmente en detención provisional, se encuentran un antiguo director general de la compañía y un representante de ventas de nacionalidad extranjera que son acusados de haber otorgado en 2019 un contrato público para la adquisición de maquinaria pesada del que se habrían beneficiado de 14 millones de dinares (unos 4 millones de euros).
Según el Instituto Nacional de Estadística, la producción de fosfato crudo alcanzó el pasado año las 286.000 toneladas, un 32 % menos que durante el ejercicio anterior, con 422.000 toneladas.
El que fuera hace una década el quinto productor mundial de fosfato con ocho millones de toneladas anuales emplea a cerca de 15.000 personas y genera el 2 % del PIB de Túnez gracias a sus ocho minas -concentradas en Gafsa- y tres plantas industriales.
Diferentes responsables han denunciado las contrataciones "no productivas", que han aumentado en un 70 % la masa salarial, y que "amenazan" la estabilidad de la empresa.
La zona minera de Gafsa es la principal fuente de creación de empleo de esta región tunecina desfavorecida, la segunda con mayor tasa de paro, y en los últimos años ha protagonizado protestas contra la ausencia de políticas de empleo por parte del Estado y denuncias sobre irregularidades y favoritismo en las contrataciones.
En 2008, esta provincia se convirtió en escenario de uno de los enfrentamientos más violentos tras paralizar la producción durante seis meses y que terminó con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad del régimen. Un episodio que marcaría la antesala de la llamada revolución que en 2011 puso fin a los 23 años de dictadura de Zine El Abidine Ben Ali.