Barcelona, 14 jun (.).- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado este miércoles una serie de documentos útiles para que los afectados por el fin de la moratoria de desahucios de la covid, el próximo 30 de junio, los presenten de forma masiva ante los juzgados.
Representantes de la PAH han dado a conocer hoy en rueda de prensa estos documentos útiles para exigir el cumplimiento de la recientemente aprobada Ley , de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y conocida como Ley de Vivienda, que entrará en vigor el próximo día 26 de este mes.
"Presentamos estos documentos jurídicos para dar batalla judicial y respuesta a las miles de familias que tienen su desahucio paralizado gracias a la moratoria estatal y que están desinformadas y angustiadas porque no saben que pasará después del 30 de junio, una vez que ésta decaiga", han argumentado.
Según datos publicados sobre el impacto de la moratoria en Cataluña, sólo en 2021 se habrían parado 4.000 desahucios, y si se acumulan los suspendidos los años 2020, 2022 y 2023, ascenderían a unos 8.000, que ahora se han de canalizar con las medidas de la nueva Ley de Vivienda.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda "no se puede ejecutar ningún desahucio de familia vulnerable sin que el gran propietario (más de diez viviendas) pase por una intermediación obligatoria con la administración pública", han indicado.
Por ello, la PAH ha considerado que los juzgados "han de inadmitir (no admitir) todas las nuevas demandas y suspender los procedimientos de desahucio en curso que cumplan los requisitos que el propietario tenga más de diez viviendas, que se trate de la vivienda habitual y que la familia sea vulnerable o que cumplan los criterios de la moratoria estatal".
También han reclamado que las comunidades autónomas trabajen para desarrollar el proceso de intermediación y que éste sea "el más garantista, consiguiendo arrancar a los grandes tenedores soluciones dignas, como un alquiler social o realojamientos dignos, y evitar así el desahucio".
En Cataluña, la PAH ha exigido que en la intermediación se exija el cumplimiento del alquiler social obligatorio de la Ley , con sanciones automáticas si se incumple, medidas que otras comunidades, como Valencia, Navarra o Baleares también incorporaron en parte.
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