Lisboa, 12 feb (.).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este lunes un decreto con el que se busca reforzar la lucha contra las "puertas giratorias" entre los cargos políticos y los grupos económicos en el país, siendo esta la cuarta modificación de una ley de 2019.
En concreto, se impone un castigo de cinco años sin poder ejercer en ninguna empresa con la que hayan estado relacionados a aquellos ex altos cargos políticos o públicos que incumplan la prohibición actual de desempeñar funciones en alguna de esas compañías durante tres años.
Por su parte, las firmas que contraten a ex cargos políticos sin respetar la ley no podrán beneficiarse "de incentivos financieros o de sistemas de incentivos y beneficios fiscales de carácter contractual por un periodo de tres a cinco años".
La ley establece que los antiguos responsables políticos no pueden ocupar ningún puesto en firmas que hayan tutelado, que hayan sido privatizadas o en las que hayan tenido una intervención directa durante su mandato.
Esta actualización de la norma fue aprobada en enero por el Parlamento y entrará en vigor tras su publicación en el Diario de la República.
En su comunicado, la Presidencia destacó "la importancia de reforzar la transparencia y los impedimentos inherentes al ejercicio de cargos políticos y altos cargos públicos".