Madrid, 26 jul (.).- La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley que recoge el séptimo paquete de medidas para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Estas son algunas de sus principales medidas.
Medidas que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023:
- Bonificación del abono de transporte público (financiación del 30 % del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y locales que lo complementen hasta el 50 %).
- Eliminación del IVA a productos básicos y bajada del 10 % al 5 % a aceites y pastas alimenticias.
- Ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos (10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y 5 céntimos por litro durante el último trimestre).
- Ayudas directas para profesionales del transporte no sujetos a gasóleo profesional y servicios de transporte marítimo de interés público.
- Prohibición de cortar los suministros esenciales, extensión del bono social y la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas.
- El precio máximo de venta de la bombona de butano se mantiene en 19,55 euros.
- Se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de la Palma en materia de Seguridad Social, en el ámbito laboral y en el ámbito hipotecario.
- Se amplía la suspensión de lanzamientos para vulnerables sin alternativa habitacional.
- Prohibición de despidos por causa del alza de la energía para empresas con ayudas públicas.
Otras medidas incluidas en el real decreto ley:
- Permiso de cuidado de 5 días al año, retribuidos, tanto de un familiar de hasta 2º grado como de un conviviente.
- Permiso "por causa de fuerza mayor" que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año.
- Tercer permiso parental de 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años.
- Prórroga de la exención sobre el 80 % del importe de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
- La medida anterior se acompaña de una disposición que habilita el traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022.
- Se extiende seis meses el plazo para que los proyectos de plantas renovables obtengan la autorización de construcción.
- Mejora retributiva para la cogeneración.
- Adaptación del régimen jurídico de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC) a la jurisprudencia europea de este año.
El real decreto ley también establece medidas urgentes y necesarias para desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas con los fondos Next (LON:NXT) Generation:
- Nueva línea ICO para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo para pagar entrada de su primera vivienda.
- Medidas para facilitar las inversiones del PERTE Chip (semiconductores y microprocesadores).
- Se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad.
- Medidas para llevar a cabo una estabilización del empleo público.
- Se retrasa la obligación de cotización para contratos en prácticas.
- Dos nuevas deducciones en el IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos.
- Incentivo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades destinado a promover las instalaciones de recarga.
- Simplificación de la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga.
- Medidas para acelerar el despliegue de las energías renovables.
- Autorización de avales por 70 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el apoyo financiero a Ucrania.
El Real Decreto Ley transpone Directivas europeas ya vencidas y adapta la normativa a sentencias:
- Se transpone la Directiva europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.
- La Directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.
- Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea.
- Modificación del régimen jurídico para la habilitación de los centros que imparten cursos de sensibilización y reeducación vial.
- Nueva regulación al sistema de acceso y uso del Registro de Titularidades Reales para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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