(Actualiza la EC5293 con datos y declaraciones)
Londres, 4 ago (.).- El Tribunal Superior británico ha concedido al grupo Antin de inversores en energías renovables una orden provisional de embargo del solar del colegio español oficial en Londres por el impago por parte del Gobierno de España de un laudo arbitral valorado en 120 millones de euros.
En un dictamen difundido este viernes, el juez Gary Thornett autoriza a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los titulares del llamado laudo Antin- a apoderarse de los terrenos donde se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch de primaria y secundaria, con más de 400 alumnos y dependiente del Estado español.
Dentro del recinto, en un antiguo convento de dominicas en el barrio londinense de Notting Hill, se encuentran también el Centro de Mayores Miguel de Cervantes, algunas dependencias del Instituto Cervantes y el Centro de Apoyo de la UNED, a los cuales se ha notificado asimismo la orden judicial como partes en el proceso.
Fuentes cercanas a los inversores han confirmado a EFE que la orden de embargo no se ejecutará inmediatamente, a falta de que se ratifique en un próximo juicio en una fecha por determinar.
Por otra parte, el Gobierno español, como parte deudora demandada, tiene un periodo de dos meses para pedir la anulación de esta orden cautelar de cobro, tal como se precisa en el documento judicial fechado el 2 de agosto.
Los titulares de Antin, inmersos en un litigio contra España en el Reino Unido y otros países, han pedido esta orden provisional de embargo para forzar a cumplir el laudo emitido en 2018 en Washington (Estados Unidos) por el CIADI, el organismo de arbitraje asociado al Banco Mundial.
Ese laudo obliga al Gobierno a abonarles 120 millones de euros (incluidos los intereses) por las pérdidas sufridas cuando en 2013 se redujeron retroactivamente unas ayudas a la energía renovable introducidas en 2007.
El abogado de los inversores, Nick Cherryman, ha asegurado este viernes en un comunicado que las operaciones diarias del colegio no se verían afectadas en caso de ejecutarse la orden judicial.
"La orden de cobro provisional del tribunal inglés sobre el terreno en cuestión, una vez confirmada, daría derecho a mis clientes a vender el terreno que alberga la escuela, no la escuela en sí. Esta orden no debe repercutir en el día a día de las actividades realizadas en el inmueble", afirma.
Cherryman lamenta que la deuda de España con sus representados ha permanecido "impagada durante casi media década".
"España es la segunda nación del mundo en cuanto a incumplimiento de laudos arbitrales, entre Venezuela y Rusia", apunta.
Este no es el único caso en que inversores en renovables afectados por ese cambio en el régimen de primas han logrado una orden provisional de embargo de activos españoles: el pasado abril, Blasket Renewable Investments obtuvo una que afecta al Instituto Cervantes y a Acció, la oficina comercial de la Generalitat catalana en Londres.
El 24 de mayo, la Justicia británica rechazó la petición del Gobierno de España de anular el registro en la jurisdicción de Inglaterra del laudo Antin, al desestimar su argumento de que tiene "inmunidad soberana" y de que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea revoca sus obligaciones adquiridas bajo el convenio del CIADI de 1966 y el Tratado de la Carta de la Energía de 1994.
Tras la polémica reforma del sistema de ayudas a la energía limpia, España ha afrontado 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por valor de unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado.