Madrid, 9 nov (.).- El paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera a partir del próximo lunes ha puesto en alerta a la cadena de suministro, en cuyo recuerdo aún pervive el impacto sufrido por las movilizaciones promovidas por la misma agrupación en marzo pasado.
Sin embargo, mientras que, hace siete meses, la imposibilidad de cubrir los "desorbitados" incrementos del precio del carburante hizo que muchos transportistas no podían trabajar y les salía más rentable parar, ahora mismo, el sentir del sector es que no existe una necesidad económica límite como entonces, según la patronal Fenadismer.
Desde marzo hasta ahora, la práctica totalidad de los transportistas ha podido subir sus tarifas respecto a las que cobraban en marzo, a lo que ha contribuido, además de las medidas aprobadas, el hecho de que ha habido más demanda que oferta de transporte en España y toda Europa.
Aunque la situación del sector ha mejorado en los últimos meses, continúa sufriendo dificultades, principalmente por el incremento del precio del combustible, por lo que es difícil prever el apoyo que pueda tener este nuevo paro patronal.
Además, organizaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano interlocutor del sector con el Gobierno, como precisamente Fenadismer, que representa a más 30.000 pymes y autónomos y que se sumó al paro de marzo, no respalda la nueva convocatoria.
Por otro lado, se desconoce el número de asociados con los que cuenta la Plataforma, que no ha desvelado este dato y tampoco si ha ganado en tamaño desde las movilizaciones de marzo.
La Plataforma no forma parte del CNTC, que se renovó el año pasado y del que puede ser miembro cualquier organización que acredite que representa una cierta cantidad de autorizaciones de transporte.
UN SECTOR ENORMEMENTE FRAGMENTADO
En estos momentos, hay 103.000 empresas con autorización de transporte de mercancías (unos 560.000 camiones), de las que la mitad tiene un sólo vehículo y un 80 %, menos de 5 vehículos, por lo que se trata de un sector "enormemente fragmentado", ha señalado a EFE el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia.
En primavera, la Plataforma reclamaba al Gobierno una normativa que prohibiera la contratación por debajo de los costes de explotación del transportista efectivo, lo que se logró en agosto, con la aprobación de la llamada ley de la Cadena de Transporte, fruto de los acuerdos suscritos en marzo entre el Gobierno y las asociaciones del CNTC.
Hasta ahora, no era obligatorio que los contratos de transporte fueran por escrito, de hecho, en caso de los autónomos, sólo uno de cada diez transportistas trabajaban bajo un contrato escrito, de acuerdo con Fenadismer.
Actualmente, es obligatorio por ley que todos vayan por escrito y que figure el precio del transporte y que éste debe cubrir los costes de explotación y, si esto no se produce, el transportista tiene la posibilidad de presentar una denuncia anónima ante la Inspección de Transportes.
Sin embargo, la plataforma denuncia ahora el incumplimiento de la ley por parte de los cargadores y la "pasividad" de la Administración en el control de su aplicación.
Las principales patronales recuerdan que la nueve ley lleva en vigor apenas tres meses y "las cosas no pasan de blanco a negro en un día", por lo que consideran que no hay motivos que justifiquen llevar a cabo esta medida extrema.
APUESTA POR EL DIÁLOGO
Tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno en este último año, tanto estructurales como económicas, las principales asociaciones siguen apostando por la negociación del resto de las medidas previstas.
Valdivia ha destacado las relativas a la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos; la creación de un código de buenas prácticas y unos estándares aplicables a las zonas de carga y descarga y de descanso de los conductores; la baja demanda de la profesión, especialmente entre las mujeres, y la revisión de la cadena de subcontratación.
EXCESIVA LONGITUD DE LA CADENA DE SUBCONTRATACIÓN
En España, la subcontratación ha tenido muchos eslabones y, hace unos años, se pactó con el Gobierno una medida, llamada la acción directa, por la cual el transportista efectivo, ante un impago, tiene derecho a reclamar a cualquier miembro de la cadena, incluyendo al cargador principal, haya pagado ya o no, ha detallado Valdivia.
Esta medida tenía como objetivo, y lo ha conseguido, que los cargadores tuvieran cuidado de quién estaba en la cadena para que una quiebra o un impago no se volviera contra ellos, lo que la ha reducido bastante, aunque "todavía hay un exceso de intermediación en más de una ocasión".
El sector está negociando con el Gobierno cómo se puede instrumentar una normativa -cuyo proyecto se debe presentar hasta febrero próximo- que vaya a luchar "contra ese mal".
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 14245034 y otros)