Roma, 20 sep (.).- La protesta hoy en Roma de cientos de parados y antiguos beneficiarios de la Renta de Ciudadanía, un polémico subsidio para familias de bajos ingresos suprimido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha vivido momentos de tensión debido a los enfrentamientos registrados entre agentes de la policía y manifestantes.
Unas 200 personas, en su mayoría llegadas de la sureña región de Campania, cuya capital es Nápoles, protestaron junto la céntrica plaza Venecia contra la decisión del Gobierno de eliminar un subsidio, prometida en campaña electoral por Meloni, y del que se beneficiaban unas 200.000 familias.
"Estamos cansados de esperar, queremos trabajar", coreaban los manifestantes, que intentaron marchar por las calles adyacentes, lo que fue impedido por la policía, que efectuó pequeñas cargas con material antidisturbios, hasta que los participantes en la protesta aceptaron permanecer en el perímetro delimitado para la sentada, según los medios locales.
Finalmente, los manifestantes lograron ser recibidos en una reunión de 15 minutos en el Ministerio de Trabajo.
Las primeras notificaciones de la supresión de la ayuda, que ronda los 500-600 euros mensuales de media por familia, ya causaron protestas en el sur del país en julio pasado y en Palermo (Sicilia) un desempleado de 60 años que acababa de recibirla irrumpió en el despacho del alcalde y amenazó con prender fuego a todo.
Las mayores manifestaciones se registraron en Nápoles, una de las ciudades que más se beneficiaban de la medida, que será sustituida por nuevas herramientas como el "subsidio de inclusión", que entrará en vigor a partir de enero para las familias que el Gobierno considera más frágiles, en las que haya al menos un menor, una persona con discapacidad o un mayor de 60 años.
Además, la supresión de la Renta de Ciudadanía ha enfurecido a los sindicatos y a la oposición que han acusado al Ejecutivo de librar "una batalla contra los pobres", mientras que Meloni defiende que los afectados ahora podrán acceder a programas de formación financiados por el Estado para fomentar su reinserción laboral.
Los manifestantes, que portaban una pancarta con el lema "Movimiento de lucha de los desocupados", piden un cambio normativo que les permita acceder a un trabajo estable y no precario tras los cursos de formación, pues acusan al Gobierno de crear "una gran masa de trabajadores ultraexplotados y ultraprecarios".
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