Madrid, 10 nov (.).- El Ministerio de Transportes no tiene constancia de denuncia formal alguna sobre contratación de servicios de transporte de mercancías por carretera a tarifas por debajo de costes, la principal reivindicación de los transportistas que han convocado un paro indefinido a partir del lunes.
Según confirman fuentes del ministerio a EFE, desde la puesta en funcionamiento del buzón, en el primer trimestre de 2022, se han recibido 88 denuncias anónimas a través de esa herramienta sobre precios que no cubren los costes.
De las 105.000 empresas del sector que hay en España, unas 82.000 tienen un máximo de tres vehículos (es decir, son pymes o autónomos, que son los que en su mayoría integran la plataforma convocante del paro). Cualquiera de todas ellas podría interponer una denuncia a través del citado buzón habilitado por la Administración.
Las citadas fuentes aseguran que las denuncias anónimas recibidas "se están depurando", y que la mayoría de ellas no dan información suficiente para poder iniciar una inspección o no se acogen a los supuestos sancionables.
No obstante, el Ministerio asegura ya se han realizado las primeras inspecciones con los indicios apuntados en algunas de las denuncias.
Sí que están más avanzadas las inspecciones relativas a supuestos de morosidad en el pago, cuyo régimen sancionador se aprobó en 2021 y ya hay unos 300 expedientes tramitándose.
Desde la Administración se insiste en pedir a los transportistas que consideren que se está tratando de contratar sus servicios a precios por debajo de costes que denuncien los incumplimientos y aporten datos suficientes para facilitar la correspondiente inspección y garantizar así el cumplimiento de la norma.
En todo caso, perseguir este tipo de actuaciones será una prioridad del Plan de Inspección 2023 que se presentará a finales del mes de noviembre, aseguran desde el Ministerio.
NEGOCIACIÓN CON EL MINISTERIO
Responsables de ese Ministerio están reunidos este jueves con representantes de la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, una agrupación formada por pymes y autónomos del sector que han convocado un paro indefinido a partir del lunes.
Una de sus principales quejas es que no se está cumpliendo la prohibición de contratar sus servicios por debajo de sus costes operativos, tal y como se acordó tras el paro que el pasado marzo mantuvieron durante veinte días y que puso contra las cuerdas la cadena logística española.
La plataforma -integrada en su mayoría por autónomos y pymes- asegura que los cargadores, ante la "pasividad" de la Administración en el control de la aplicación de la norma, no respetan el precio de coste a los transportistas.
Esta convocatoria cuenta con la oposición frontal del resto del sector, incluido el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano interlocutor del sector con el Gobierno, que considera inoportuna esta convocatoria y llama a mantener la vía del diálogo con la Administración en la búsqueda de soluciones para el sector.