Un informe parlamentario ataca la actuación de Holanda al inicio de la crisis

La Haya, 11 abr (EFE).- Una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis financiera puesta en marcha por el Parlamento holandés arremetió hoy contra la actuación de las autoridades políticas y financieras del país, y acusó al Gobierno neerlandés de haber pagado demasiado por el rescate de la banca.

Así lo indicó hoy el presidente de esa comisión, el diputado socialista (SP) Jan de Wit, en una rueda de prensa, en la que explicó las principales conclusiones de su informe.

"El ministerio de Finanzas (al mando en 2008 del laborista Wouter Bos) y el Banco de Holanda (dirigido por entonces por Nout Wellink) no estaba suficientemente preparado para una crisis de ese tamaño, que los cogió desprevenidos", según De Wit.

Para la comisión parlamentaria, Bos reaccionó demasiado tarde a la hora de nacionalizar el entonces grupo belga-holandés Fortis y pagó una cantidad "especialmente generosa" por la parte holandesa del banco, que costó a las arcas del Estado 16.800 millones de euros.

En las 709 páginas del informe, la comisión, creada en 2009, también constató que el ministro laborista erró al no informar al Parlamento a tiempo sobre los pasos que estaba dando.

"Cuando se informa al Parlamento de forma retroactiva, se obstaculiza la labor del la Cámara en sus funciones de control político", según el presidente de la comisión.

También falló la buena comunicación entre el Ministerio de Finanzas y la autoridad financiera supervisora, según el estudio.

Sin embargo, el texto reconoce que las autoridades holandesas tuvieron que actuar en unas circunstancias extremas, por lo que recalca que a pesar de haber asumido "riesgos poco visibles", era necesario tanto nacionalizar Fortis como inyectar capital en el banco ING.

Esta entidad tampoco vio "a tiempo" las posibles consecuencias de la exposiciones a las hipotecas norteamericanas de alto riesgo, criticó la comisión.

La única loa a la actuación gubernamental corresponde a las garantías que el Estado estableció para los depósitos de los ciudadanos, asegurando los ahorros hasta los 100.000 euros.

La comisión especificó que ahora es el Parlamento quién tiene que decidir sobre las posibles consecuencias derivadas del informe.

Aunque creada en junio de 2009, la comisión no empezó su trabajo hasta enero de 2010 con entrevistas a los políticos y responsables de la banca y de las autoridades financieras activos en el momento de estallar la crisis. EFE