Por Francesco Guarascio y Jonas Ekblom
BRUSELAS, 10 dic (Reuters) - La Comisión Europea tiene previsto un impuesto en frontera al dióxido de carbono destinado a proteger a los productores europeos de acero y a otras industrias intensivas en energía contra las importaciones más baratas procedentes de países con políticas climáticas menos estrictas.
La presidenta del Ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, que asumió el cargo el 1 de diciembre, presentará el miércoles un primer esbozo de su "Pacto Verde" o "Green Deal", un paquete de regulaciones destinado a reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono del bloque de los 28 países.
El paquete incluirá una propuesta de "mecanismo de ajuste de las fronteras del dióxido de carbono" para determinados sectores que se introducirá en 2021, según un documento filtrado de la Comisión, aunque todavía se están elaborando los detalles de diseño y viabilidad.
El plan podría probarse inicialmente en industrias como la del acero, el cemento y el aluminio, según un segundo documento de la UE.
No obstante, es probable que la propuesta se enfrente a las trabas jurídicas, económicas y políticas que se exponen a continuación.
IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN
Con esta opción, los importadores de la UE de acero, aluminio y otros productos con una elevada huella de CO2 tendrían que comprar derechos de emisión, tal como hacen los productores de la UE con arreglo al régimen de intercambio de derechos de emisión de la UE.
Esto introduciría en la práctica un impuesto a la importación y aumentaría el precio de los bienes importados, lo que mejoraría la competitividad de los metales y otros artículos producidos en la UE.
El objetivo sería contrarrestar la "fuga de dióxido de carbono", que penaliza a las industrias de la UE al entrar en el bloque importaciones más baratas procedentes de países que aplican normas menos estrictas para hacer frente al cambio climático.
Sin embargo, esta medida podría infringir las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que exigen la igualdad de trato de productos similares y la no discriminación entre productores nacionales y extranjeros.
IMPUESTO AL CO2 EN LA UE
El cumplimiento de las normas de la OMC podría ser más sencillo si el gravamen a la importación se viera acompañado de un impuesto sobre el dióxido de carbono para todas las mercancías, incluidas las producidas en la UE.
Con esta opción, la cuestión de la fuga de CO2 podría abordarse, ya que los productores extranjeros pagarían una tasa más elevada si contaminaran más que otros productores.
Pero los productores de la UE se enfrentarían entonces a problemas, ya que los precios de sus exportaciones aumentarían, lo que los haría menos competitivos en el extranjero. Esto podría tener un impacto considerable en algunos sectores. Los productores de acero de la UE, por ejemplo, exportan más del 10% de la producción.
Un impuesto en toda la UE también requeriría el apoyo unánime de todos los Estados miembros de la UE, a diferencia de la mayoría de las decisiones de la UE, que se deciden por mayoría. Los intentos anteriores de introducir impuestos en todo el bloque han fracasado, ya que algunos Gobiernos se muestran reacios a transferir competencias en materia de recaudación de impuestos a Bruselas.
REFORMA ETS
Cualquiera de las dos opciones requeriría una reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) , principal mercado de carbono del mundo, que actualmente concede un trato favorable a las industrias intensivas en energía, que se enfrentan a las importaciones de países con normativas climáticas más laxas.
Según la normativa de la UE, el acero, la minería y el cemento se encuentran entre los sectores de la UE que se benefician de derechos de emisión de carbono gratuitos hasta 2030, porque se considera que corren el riesgo de fuga de CO2.
Con un nuevo impuesto al dióxido de carbono, esas exenciones tendrían que eliminarse. Los productores de la UE temen perder la ayuda financiera existente a cambio de un impuesto sobre los competidores que podría ser impugnado en la OMC y también podría causar represalias por parte de Estados Unidos y otros socios comerciales.
SECUENCIA
La Comisión ha señalado que se introduciría un impuesto sobre el dióxido de como parte de una revisión más amplia del régimen de comercio de derechos de emisión, pero no está claro si las dos reformas se llevarían a cabo simultáneamente.
Algunos funcionarios de la UE han dicho que el impuesto al carbono llegaría sólo después de la revisión del mercado de emisiones, que debería aumentar el precio del carbono, actualmente en torno a los 25 euros (27,5 dólares) por tonelada. Esta subida de precios tendría lugar reduciendo los derechos de emisión gratuitos y ampliando el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión.
La Comisión propondrá la inclusión del sector del transporte marítimo en el RCDE y la reducción de los derechos de emisión gratuitos para las compañías aéreas para junio de 2021, según muestra un documento interno.
Un borrador de la lista de medidas previstas no incluye la eliminación del trato favorable que se ofrece actualmente a otras industrias de gran consumo energético.
(Escrito por Francesco Guarascio @fraguarascio; editado por Philip Blenkinsop y Susan Fenton; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)