MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional español anuló el viernes el pago de la multimillonaria indemnización cobrada por una sociedad controlada por la constructora ACS (MC:ACS) por el cierre del polémico almacén subterráneo de gas Castor.
La indemnización, superior a 1.351 millones de euros, fue recibida por Escal UGS de Enagás (MC:ENAG) en virtud de un real decreto del Gobierno en 2014.
El real decreto obligó a Enagás a pagar a Escal los 1.350 millones de euros y la gasista los recibiría a plazos a lo largo de 20 años con cargo a la factura de gas, pero ésta transfirió rápidamente los derechos de cobro al grupo de bancos que financió la operación.
La decisión del Constitucional, tomada de forma unánime y a instancias de recursos de la Generalitat catalana y del Partido Socialista, critica tanto la rapidez con la que se efectuó el pago a la filial de ACS como la urgencia con la que se elaboró el decreto.
En concreto el tribunal no se explica qué relación existe entre el establecimiento de un corto plazo de pago y las razones que justificaron la urgencia de la norma, esto es, "la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y medio ambiente".
El ministerio de Energía emitió un comunicado el viernes en el que dijo que analizaría la sentencia pero que, en una primera valoración, considera que la misma "estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un motivo formal".
"No concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto-ley", dijo el departamento dirigido por Álvaro Nadal.
Energía tomará las "medidas oportunas" cuando estudie en profundidad la sentencia.
El almacén Castor, situado en la costa mediterránea entre Castellón y Tarragona, fue paralizado en septiembre de 2013 por motivos de seguridad después de registrarse una importante actividad sísmica en la zona con centenares de microterremotos.
El almacenamiento está hibernado y el Gobierno español reconoció en mayo de este año que no se volverá a abrir.
Las acciones de ACS, que utilizó la mayoría de los fondos para repagar a los bonistas que financiaron la construcción del almacenamiento, respondían a la información con descensos del 0,5 por ciento.