MADRID (Reuters) - Más de medio millón de datos de la Administración española fueron publicados el miércoles en Internet, dentro de los esfuerzos por una mayor transparencia en un país donde los reiterados casos de corrupción han generado el recelo ciudadano hacia las instituciones.
El portal, que forma parte de la ley de la Transparencia que entró en vigor el miércoles, incluye documentos de las Administraciones Públicas, desde contratos o anteproyectos de ley a convenios y sueldos de altos cargos.
La página (www.transparencia.gob.es), que ha costado 300.000 euros, se divide en tres apartados: información institucional, normativa y económica, aunque en ella no aparecen datos de las administraciones locales, que habrán de desarrollar sus propias webs.
"Este es un portal vivo y dinámico (..) pero seguirán creciendo con el paso del tiempo y, en particular, con las consultas que los ciudadanos realicen con mayor frecuencia, que serán también publicadas en la web", señala el Gobierno en el portal.
Los ciudadanos que quieran obtener información que no aparezca en la web podrán preguntar identificándose a través del DNI electrónico, recibiendo una contestación en un plazo de un mes.
El Gobierno alega que algunos aspectos como reuniones de ministros o del presidente del Gobierno no aparecerán en la web porque se vulneraría la ley de protección de datos, y tampoco se responderá a cuestiones que afecten a la seguridad nacional.
UN PASO MÁS EN EL CAMINO CORRECTO
El portal se enmarca dentro de una ley destinada a restaurar la caída confianza pública a raíz de que una serie de escándalos mostraran falta de transparencia en los partidos políticos e incluso en los organismos encargados de vigilar su limpieza.
La tolerancia de los españoles con la corrupción se ha desvanecido después de una crisis económica que ha dejado al descubierto cómo las buenas relaciones entre políticos y empresarios de la construcción alimentaran una burbuja inmobiliaria de desastrosas consecuencias.
Bajo la nueva ley, todos los niveles de gobierno tendrán que facilitar registros públicos más claros sobre qué empresas tienen contratos con las administraciones públicas.
El Ministerio de la Presidencia ha calificado la ley como una de las avanzadas del mundo, pero los activistas protransparencia dicen que no es más que un paso en la dirección correcta.
El grupo de presión europeo Access Info dijo el miércoles que el Gobierno tendrá capacidad para rechazar fácilmente las solicitudes de información de los ciudadanos, y criticó el uso del DNI electrónico para realizar una solicitud.
"La ley nace con una serie de carencias que nos llevan a considerar su alcance como insuficiente", dijo la coordinadora de campañas de Access Info Europe, Victoria Anderica, en un comunicado.
"Animamos a la gente a pedir información, datos y a hacer preguntas. Sólo así sabremos si las instituciones respetan el derecho de acceso y se vuelven más transparentes", añadió.