MADRID (Reuters) - La Fiscalía española presentó el viernes una querella criminal contra el presidente de la Generalitat de Cataluña y otros altos cargos de su administración por cuatro presuntos delitos cometidos en la celebración de una consulta ciudadana sobre autodeterminación el pasado 9 de noviembre.
La consulta, que no tuvo carácter vinculante, fue suspendida antes de su celebración por una resolución del Tribunal Constitucional, pero finalmente se realizó con 1,8 millones de catalanes - un 30 por ciento de la población con derecho a votar pero más de un 80 por ciento de los sufragios -, decantándose a favor de un proceso de independencia.
"El Gobierno de la Generalidad, personado como parte en dicho proceso, y conocedor de sus obligaciones, desplegó sin embargo una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución, pues el proceso prosiguió hasta su consumación del día 9 de noviembre de 2014", dijo la Fiscalía en un comunicado citando el texto de la querella.
Aunque el sentimiento de identidad y la pretensión de mayores competencias autonómicas son claramente mayoritarias en Cataluña, el movimiento independentista se ha visto desbordado en los últimos años por la falta de diálogo entre el gobierno regional y el central, que ha desembocado en un litigio legal.
La querella de 30 folios se interpuso por los delitos de prevaricación, desobediencia por parte de autoridades públicas, usurpación de funciones u obstrucción a la justicia y malversación de caudales públicos, y se dirige contra Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consejera de Educación, Irene Rigau.
"En los actos de impulso han participado de manera personal y directa los querellados", añadió la querella.
La Fiscalía dijo que ante la suspensión de la consulta, el Ejecutivo catalán estableció una vía de comunicación con la ciudadanía por medio de la página web institucional www.participa2014.cat, o gastó fondos públicos al poner a disposición de la consulta a funcionarios públicos, entre otras actuaciones.
"El 30 de octubre el Gobierno exigió, vía correo electrónico, a las emisoras de radio privadas que emiten en Cataluña y a las cadenas privadas de televisión con sede en esa Comunidad que difundieran gratuitamente los anuncios de la campaña informativa de la consulta", dijo la Fiscalía.
La Fiscalía añadió que el propio Mas manifestó a los medios cuando votó que él y su Gobierno eran responsables de la jornada y criticó las actuaciones de otros miembros de su administración.
"La querellada Joana Ortega compareció en varias ocasiones de manera oficial en su calidad de Vicepresidenta del Gobierno para dar cuenta ante los medios de comunicación de los datos de participación y resultados del procesos suspendido", dijo la Fiscalía, que considera que todos esos actos produjeron la "completa ineficacia" de la suspensión cautelar.