CARACAS (Reuters) - El exgobernador venezolano Manuel Rosales y otros opositores fueron puestos en libertad el sábado, en medio de acusaciones de los adversarios del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro de no cumplir con los compromisos acordados en la mesa de diálogo.
Rosales, dos veces gobernador del petrolero estado Zulia y alcalde de su capital, Maracaibo, durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, fue acusado de enriquecimiento ilícito y cumplía arresto domiciliario.
"Le informo al pueblo de Venezuela, que he sido puesto en libertad junto a otros presos políticos", dijo Rosales en su cuenta de la red social Twitter.
El político regresó a Venezuela a mediados de octubre del año pasado y fue apresado apenas bajó del avión, hasta que hace dos meses le fue otorgado el beneficio domiciliario.
Además del exgobernador, fueron liberados cinco jóvenes detenidos tras una ola de protestas contra el Gobierno en 2014, según informó la organización no gubernamental Foro Penal, y el periodista Leocenis García.
Gobierno y oposición se sentaron desde octubre en una mesa de diálogo auspiciada por el Vaticano y con presencia de otros observadores para intentar buscar una salida a la crisis económica y política que atraviesa el país.
La oposición busca que el Gobierno libere a un centenar de "presos políticos", permita una salida electoral del mandato de Maduro y abra un canal humanitario que alivie la fuerte escasez de alimentos y medicinas.
Pero la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denuncia que Maduro no ha cumplido con lo acordado en el diálogo, no se ha avanzado hacia una solución electoral y otros puntos, como retomar la autonomía del Parlamento.
Rosales, de 63 años, ha dicho que la acusación en su contra fue una venganza de Chávez. El político, que perdió ante el fallecido líder las elecciones presidenciales de 2006, está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2022.
Partidos de oposición y grupos de derechos humanos sostienen que en Venezuela hay decenas de presos o exiliados por juicios que denominan "políticos". Sin embargo, el Gobierno socialista asegura que en el país sólo hay "políticos presos".